Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Foro del Agua y la Red Nacional de Juntas de Agua (REDNA) mostraron su preocupación debido a que a casi dos años de implementada la Ley de Recursos Hídricos (LGRH), existe falta de interés de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y otras instituciones públicas, en resolver las graves problemáticas que impiden a las Juntas legalizar sus fuentes.
Gloria Cruz, representante del Foro del Agua, manifestó que de aproximadamente 2,500 juntas de agua catastradas en 2015 por la ANDA, solo 439 han logrado inscribirse debido a la complejidad del proceso. Por el contrario, hay 18,731 empresas que han finalizado su proceso de legalización e inscripción de pozos, solamente están a la espera de la autorización del uso y aprovechamiento del agua
“En la implementación de la ley hay un sesgo, porque se está tratando de manera igual a la empresa privada con las juntas comunitarias de agua, cuando las capacidades son enormemente distintas, además, las capacidades económicas son muy diferenciadas, las empresas tienen dinero, frente a las juntas de agua que viven en pobreza y se les dificulta hasta organizarse para garantizarle el agua a la comunidad”, sostuvo Cruz.
Enfatizó que se han establecido los mismos requisitos para el registro de las empresas y juntas de agua, a pesar de que estas últimas enfrentan serios problemas de legalidad; la campaña de información por la ASA se basa fundamentalmente en el uso de su página web y redes sociales.
Dadas su realidad, el proceso de legalización de las juntas comunales del agua, enfrentan situaciones económicas, administrativas y legales que les vuelve casi imposible el proceso de registro, porque al no inscribirse como organizaciones comunales y obtener el permiso de uso del agua pueden ser tratadas como privadas y obligadas a pago del canon o incluso perder el agua que usan frente al uso privado.
Las pocas juntas de agua que han logrado obtener su autorización se ven obligadas a publicar tres veces en periódicos de circulación nacional u otras plataformas, sobre la autorización de uso del agua, lo cual, las pone en serios problemas económicos porque no cuentan con fondos destinados para cubrir este tipo de gastos onerosos.
Uno de los principales problemas que afrontan las juntas de agua, es la legalidad de los terrenos donde tienen sus pozos y demás infraestructuras, en muchos de los casos fueron donados “de palabra” por vecinos de la comunidad, sin el trámite de legalización correspondiente.
En otros casos, la propiedad de los terrenos le pertenece al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) o a una municipalidad, quienes hasta la fecha se han negado rotundamente, sin ninguna justificación, a entregar algún tipo de documento de propiedad o usufructo a las juntas de agua que les permita inscribir dicha fuente, pese a gestionarlo desde el año pasado.
El Foro del Agua y REDNA pidieron diseñar e implementar un programa de información, apoyo técnico y financiero, de acuerdo a las necesidades de las juntas de agua, el cual debe estar orientado a resolver las deficiencias que enfrentan estas organizaciones en su proceso de legalización, tal como lo establece el artículo 41 inciso 4 de la LGRH.
A la vez, suspender la emisión de permisos de exploración y explotación a empresas privadas, mientras no se generen condiciones para resolver los problemas de legalización de las juntas de agua.
La ASA debe buscar una alternativa política para que el ISTA y las municipalidades entreguen la documentación legal de los terrenos, donde actualmente cientos de juntas de agua tienen sus pozos, y que a la fecha no les permite inscribirlos y obtener la debida autorización por el uso del agua.
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