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@arpassv
Si la Asamblea Legislativa actuara basada en la institucionalidad y el estado de derecho, mind ya habría destituido al Fiscal General Luis Martínez. Por sus reiteradas omisiones, negligencias y conflictos de interés en diversos casos.
Esta actuación irregular del Fiscal General se evidencia más claramente en el “Caso Flores”. Tal como denunciaron ayer ISD y FESPAD, Luis Martínez no presentó los elementos probatorios que incriminan al ex presidente Francisco Flores ni realizó diligencias solicitadas por el Juzgado Séptimo de Instrucción.
Las organizaciones declararon ayer que el Fiscal se negó a solicitar a los países que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las “cuentas cifradas” del ex gobernante arenero. Martínez tampoco entregó algún documento que confirme la supuesta sanción del gobierno estadounidense por la divulgación del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ni informó si incorporará el delito de lavado de dinero en la acusación contra Flores.
Los representantes de ISD y FESPAD también denunciaron nuevas acciones intimidatorias del Fiscal Martínez contra los querellantes particulares en el caso, a quienes volvió a amenazar con procesarlos penalmente acusándoles de haber divulgado el contenido del ROS.
Por eso las organizaciones alertan a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Sala Constitucional, que tiene pendientes de resolver un recurso de habeas corpus presentado por los querellantes y una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Luis Martínez como Fiscal General.
Las nuevas intimidaciones fiscales podrían tener como objetivo desviar la atención de los querellantes de ISD y FESPAD a pocas semanas de la audiencia de presentación de pruebas contra el ex presidente Flores. Si esto fuera así, la complicidad del Fiscal para absolver al ex gobernante arenero sería descarada: no presenta las pruebas y distrae a los querellantes para que tampoco ellos las presenten.
A esto se suman negligencias del Fiscal en otros casos. Este día organizaciones comunitarias de Cabañas criticaron la negativa de investigar a Rodrigo Chávez Palacios como posible autor intelectual de los asesinatos de los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, opositores a los proyectos mineros. Chávez Palacios era vicepresidente de la empresa Pacific Rim cuando fueron cometidos estos crímenes en Cabañas.
En vez de investigarlo por estos crímenes, la Fiscalía le abrevió el proceso y cambió la tipificación del delito para reducirle la pena a 10 años de prisión, a pesar de haber confesado que asesinó a una persona, desmembró su cuerpo y esparció las partes por varios puntos de San Salvador.
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