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@arpassv
El gobierno acusó ayer a las compañías telefónicas de no bloquear la señal en los recintos penitenciarios y –por tanto– de no contribuir a la lucha contra la criminalidad que afecta al país.
“…tenemos un problema muy grave con las telefónicas que no están cooperando con la seguridad pública”, pharmacy señaló el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien recordó que por ley estas empresas deben instalar sistemas de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles.
Esta situación es grave porque, al facilitar la comunicación en los centros penitenciarios, las telefónicas son cómplices de los asesinatos, extorsiones y demás delitos ordenados desde esos lugares. Por tanto, la Fiscalía debería proceder de inmediato contra estas empresas.
La negativa de bloquear la señal en las cárceles y la consecuente complicidad con la criminalidad muestran la gran irresponsabilidad de empresas que buscan el lucro a costa la seguridad pública: para las telefónicas, los millones de dólares en recargas de saldo a celulares en los penales valen más que la tranquilidad y la vida de la población.
Compañías telefónicas, de seguridad privada, vendedoras de armas y las florecientes empresas funerarias hacen negocio redondo con la violencia, inseguridad y muerte.
Otra demostración de la complicidad empresarial respecto a la delincuencia es la negativa a contribuir al financiamiento de las políticas y planes de seguridad. Muchas empresas, entre éstas las telefónicas, no sólo no quieren pagar un impuesto especial para los planes antidelincuenciales, sino que evaden el pago de los tributos existentes.
A través de su partido ARENA, estas empresas presionan por aumentar más el IVA para que la seguridad pública la pague la gente pobre. Diputados del partido oligárquico no tienen vergüenza de proponerlo en la Asamblea Legislativa.
Por eso, a las posibles sanciones gubernamentales para las telefónicas debe sumarse la propuesta de una política fiscal progresiva que incluya un combate efectivo contra la evasión tributaria y la aprobación de impuestos directos a las grandes empresas, entre éstos uno especial para financiar la seguridad.
Así habría recursos suficientes para aplicar plenamente el Plan “El Salvador Seguro” que avanza en su fase de implementación territorial en los municipios con mayor auge delincuencial.
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