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José M. Tojeira
En diversos países de América Latina se está abriendo el debate sobre la complicidad de empresas en violaciones muy graves de los derechos humanos. Pasaba sin duda antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La empresa bananera United Fruit Company fue famosa en Honduras, entre otras cosas, por tener un grupo de matones dedicados a eliminar a todo líder o trabajador inquieto que quisiera fundar un sindicato. Tenían el respaldo pleno de algunos de los accionistas, que eran a su vez connotados políticos en Estados Unidos, y por supuesto el apoyo del gobierno hondureño de la época, que no dudó en dar el rango de general a un exsargento norteamericano que la empresa trajo como jefe de esa especie de anticipo de los escuadrones de la muerte.
Pero el abuso no quedó en el pasado. En El Salvador es evidente que hubo empresas y empresarios que financiaron escuadrones de la muerte. La coincidencia entre los campos pagados de personas vinculadas a diversas empresas y empresarios nacionales y el pensamiento y accionar de los escuadrones no deja duda ni de la simpatía existente entre ambos grupos ni de donde procedía una parte del financiamiento. En diversos países como Colombia, por ejemplo, un buen número de ganaderos financiaron grupos paramilitares que cometieron graves violaciones de derechos humanos. En el genocidio de Rwanda diversas empresas periodísticas alentaron la masacre de una etnia. Todavía hoy, a la luz de la legislación vigente, se puede considerar colaboradores con criminales a quienes pagan dinero a grupos delincuentes a cambio de que les dejen vender sus productos en determinadas áreas del país.
No son evidentemente todos los empresarios los que piensan hoy así en El Salvador.
Pero siguen teniendo influencia quienes se sienten cómodos con los militares que ensalzan a criminales del pasado, o quienes buscan y apoyan el perdón y olvido, o su equivalente, la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Cuando la Comisión de la Verdad en El Salvador ofreció los trágicos datos de nuestra guerra civil, no faltaron empresarios que se opusieron al desarrollo de la vedad y la justicia a partir de dicho informe. El modo como algunos empresarios se oponen a derechos básicos, incluso consagrados en la Constitución, no ofrece un panorama halagüeño. Entre los fundadores y presidentes de ANEP ha habido tanto corruptos como corruptores. Y por supuesto fervientes enemigos de derechos básicos. En la violación de los derechos económicos y sociales que se dan en el país no solo los gobiernos tienen responsabilidad.
Cuando hoy se habla de responsabilidad social corporativa es de suma importancia entender que no hay posibilidad de responsabilidad cuando no hay rendición de cuentas. En ese sentido, las empresas deberían colaborar, al menos en lo que respecta a su propia historia, en la reconstrucción de la verdad de un pasado doloroso como el de El Salvador. Y por supuesto continuar informando no solo de las regalías que pueden hacer desde sus fundaciones, sino de su coherencia institucional con los derechos económicos y sociales. Crear cultura de derechos humanos es contribuir a la no repetición de hechos que ensombrecieron nuestra historia y multiplicaron injustamente el dolor de demasiadas personas. Hablamos con frecuencia de la inutilidad, irresponsabilidad o ineficiencia de nuestros políticos, pero es evidente que con muchos de ellos hay pactos, negocios y transacciones.
El mundo de la empresa no es ajeno a la política de nuestro país y por la misma razón la empresa debe rendir cuentas a la sociedad salvadoreña. No se trata de acusar a todas las empresas, y mucho menos al empresariado creativo y abierto. Pero investigar la complicidad de empresas con escuadrones de la muerte o con violaciones de derechos humanos será sin duda un paso indispensable para el saneamiento de nuestro país y para evitar en el futuro la repetición de hechos tan crueles, injustos y deleznables como los que se derivaron de nuestra guerra civil.
