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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador instaló este lunes la audiencia inicial contra catorce personas acusadas de supuesto lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.
La diligencia se realizó con diez imputados presentes, entre ellos, tres empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), tres empleados de la Corte de Cuentas de la República, la esposa del exparlamentario Sigfrido Reyes, Susy Melba Rodríguez; el hermano de este, René Reyes; la esposa e hijo de Byron Larrazabal, socio de Sigfrido Reyes, Sonia de Larrazabal y Kevin Larrazabal; y Manuel Bercián y Karla Recinos.
El fiscal David Leiva, del Grupo Contra la Impunidad de la Fiscalía General de la República detalló al exparlamentario, se le acusa por supuestamente apropiarse de más de $106,000 de fondos de la Asamblea Legislativa; presuntamente lavar más de $781,000 y también por una supuesta estafa en perjuicio del IPSFA por más de $100,000.
Leiva dijo que el objetivo de la fiscalía era lograr que se dictara la instrucción del proceso, la detención provisional de los imputados y la emisión de órdenes internacionales de captura contra cuatro personas más.
Pedro Cruz, abogado defensor de Sigfrido Reyes consideró que los señalamientos de la FGR son infundados y superficiales, pero aseguró que la defensa contaba con elementos consistentes para desvirtuar las acusaciones de la supuesta apropiación de fondos de la Asamblea Legislativa de parte de Sigfrido Reyes.
De igual forma sostuvo que la fiscalía no puede fundamentar la comisión de estafa agravada de parte de Reyes, “la compra se hizo apegada a la ley con normativa vigente en ese momento, no se estableció una tabla de precios diferenciados para favorecer a una sociedad, la sociedad que adquirió los terrenos no existía cuando el IPSFA los ofertaba a precios de ‘me lo llevo’ porque no los vendía”, comentó el jurista. De acuerdo a la acusación fiscal, los empleados del IPSFA habrían favorecido a la sociedad Terrein, constituida en 2011 por Reyes en asocio con Larrazabal, esta sociedad habría pagado -según la fiscalía- $440,501 por unos terrenos ubicados en Antiguo Cuscatlán, cuando el supuesto precio era superior a los $630,000. En horas de la mañana, un grupo de sindicalistas de la Corte de Cuentas de la República se concentraron afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez en solidaridad con sus compañeros, pedían que se les impusieran medidas alternas a la detención a los empleados de la CCR procesados por incumplimiento de deberes.
