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El alcalde de Ilopango por el partido Alianza Repúblicana Nacionalista (ARENA), viagra Salvador Ruano, store fue condenado por la Corte de Cuentas de la República, decease por la cantidad de $582,900 dólares, más reparos administrativos en el período de mayo 2012 a diciembre 2012. Comprobando malversación de fondos y beneficios personales.
A Ruano, y parte de su concejo municipal (Ricardo Zavala, Julio Medina, José Ramos, Ernesto Cantarero, María Alvarenga, Sebastián Muñoz, Isabel Dominguez, Oscar Ruano, Nelson Umanzor y Carlos Arias) se les comprobó los delitos de construcción indebida de un inmueble propiedad del MOP, compras de armas con dinero de la alcaldía, ahora a su nombre; cobro a contribuyente por calificación distinta al giro para favorecer a un banco; despidos injustificados; pago de adelantos indebidos y regalías que no generaban beneficios para la comuna, y el uso personal de carros y gasolina de la municipalidad.
Los delitos fueron denunciados, por el ex síndico municipal, Persy Santos, en noviembre de 2013 y comprobados ante diferentes instancias en 2015 como: la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).
“Yo denuncie las acciones de corrupción en 2013 por mi compromiso como síndico de la comuna y ciudadano, porque no podemos callar ante la existencia de funcionarios corruptos”, expresó el exfuncionario municipal en entrevista con Diario Co Latino. A la vez, que aclaró que nunca buscó una candidatura por el FMLN como aseguró Ruano, “ahí están los delitos comprobados, todo fue cierto”.
Sin embargo, “el proceso fue lento, duró cerca de dos años y representó un desgaste importante a nivel familiar, económico, emocional y psicológico”, explicó Santos, quien además enfrentó amenazas de muerte por parte del Alcalde arenero que difuminó el caso en la FGR ante la ausencia de testigos claves. “Compró a los dos testigos que quince días después trabajaban en la alcaldía con cargos de motorista y asesor ”, agregó Persy Santos.
Ruano cumple actualmente su segundo mandato al frente de la comuna de Ilopango. El primero fue de 2012 a 2014 y su segundo período inició en mayo de 2015, hasta 2017. Aunque, su gestión ha estado marcada por demandas, desórdenes públicos, malos manejos del FODES (compra de un equipo de fútbol de tercera categoría) y acercamiento con las pandillas.
Delitos investigados y comprobados
La Corte de Cuentas de la República comprobó que el Concejo Municipal autorizó el pago de $30 mil 715.80 a la empresa Constructora Carbajal S.A de C.V y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (OPAMS), por la construcción de terracería para la construcción del Popusodrómo de Ilopango.
Sin embargo, el inmueble de 454 10.22 m2, pertenece al Ministerio de Obras Públicas (MOP), por lo que “la Alcaldía de Ilopango utilizó de manera ilegítima el área catalogada y destinada como derecho de vía y los $30 mil 715.80 utilizados para tal fin no tuvo ningún beneficio para la población de Ilopango”. Diario Co Latino comprobó cuatro años después que la construcción del popusodrómo quedó olvidada y el terreno está en abandono.
Otro delito cometido por la administración de Ruano sucedió “el 11 de diciembre de 2012, al emitir dos resoluciones a favor del Banco Agrícola S.A., en su calidad de contribuyente de la municipalidad, con el fin de calificarlo con el giro a industria en vez del de comercio, como debe ser”. Con el objetivo de reducir el pago de impuestos a la comuna.
Por lo tanto, lo anterior se debe rectificar, pues el banco debe ser calificado como comercio, “por lo que debe pagar un impuesto mensual de $35 mil 362.16”.
Este proceso deja fuera de todo cargo y libre de responsabilidad a Persy Santos, por considerar que no participó de estos hechos, aseguró a Diario Co Latino. Además, Santos, según lo investigado por la Corte de Cuentas de la Repúbica, tuvo “limitaciones para el cumplimiento de las funciones como síndico municipal” por la alcaldía de Ilopango al señalar que “entorpecía la sana administración”.
También, el Tribunal de Ética Gubernamental y la PDDH emitieron condena contra Salvador Ruano por “utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de fines institucionales para los cuales están destinados”.
Asimismo, ambas instituciones concluyeron que la destitución de Persy Santos tuvo un proceso viciado. “El alcalde no tenía la facultad para destituirme porque ambos tenemos la misma categoría de funcionarios públicos, por lo tanto, este proceso sigue con un amparo ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Persy Santos.
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