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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de aliviar la carga económica de las municipalidades por la pandemia COVID-19, la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de la Asamblea Legislativa, emitió una disposición transitoria para que las 262 alcaldías del país utilicen la totalidad del 25 % del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) para gastos de funcionamiento.
Con la disposición emitida por la instancia legislativa, las comunas podrán utilizar el porcentaje de FODES correspondiente a marzo, abril y mayo para pagar salarios de trabajadores municipales, deudas a instituciones públicas y privadas, además de gastos de funcionamiento que no pudieron sufragar con recursos obtenidos de servicios municipales por la enfermedad que ya golpea al país.
La comisión también avaló dos recomendables al Ministerio de Hacienda, el primero para que se subasten todas las camionetas de lujo del sector gubernamental y los recursos obtenidos sirvan para las necesidades que devengan de la emergencia por el COVID-19.
El segundo tiene que ver con recomendar que las compras de insumos médicos, medicamentos y otros productos relacionados a la pandemia con los fondos se realicen a empresas nacionales, cumpliendo con estándares de calidad requeridos y precios razonables dentro de la competencia del mercado.
Luego de estos acuerdos, los legisladores conocieron una propuesta de reforma a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR), que busca robustecer la fiscalización de los recursos públicos en cada entidad del Estado.
Según Carmen Elena Rivas, magistrada presidenta de la CCR, con la enmienda se pretende establecer un proceso expedito que permita la modernización del juicio de cuentas por audiencias, el uso de la oralidad y otras modalidades procesales de vanguardia como admitir pruebas testimoniales en juicios de cuentas.
“Con la propuesta de reforma vamos a hacer una Corte de Cuentas que cumpla, a cabalidad, el rol encomendado por la Constitución y vamos a velar mejor porque los fondos públicos sean bien invertidos en beneficio de la población salvadoreña”, dijo Rivas.
La presidenta de la CCR, asimismo, agregó que la modificación legal pretende que la institución sea más oportuna a la hora de emitir juicios de cuentas e identificar posibles actos de corrupción y no esperar hasta que ya no puedan judicializarse.
La CCR solicitó -de actualizar la legislación- un año de prórroga para preparar las condiciones adecuadas para implementarla.
