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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA), denunciaron el desalojo forzado que sufren los habitantes de la comunidad 10 de Mayo, del cantón Loma La Gloria, en Ahuachapán, quienes habitan desde 2010 un terreno en desuso de la zona por más de 60 años.
Yolanda Chávez, secretaria de la comunidad 10 de Mayo, manifestó que diversos procesos judiciales se han promovido para desalojar forzosamente a 86 familias, afectando a 350 personas, entre ellas niños, mujeres y adultos mayores, calificándolos de “usurpadores”, y aplicado el Decreto Legislativo N° 23 de 2009 que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, la cual genera una serie de violaciones a derechos humanos y al debido proceso.
Las familias acudieron a la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien el 4 de agosto de 2018 ordenó en ese momento al Viceministerio de Vivienda, que en 6 meses evaluara la posibilidad de reubicar a las familias. En julio de este año el Ministerio de Vivienda informó a la comunidad que solicitaron a la Sala de lo Constitucional una ampliación del plazo de 120 días los cuales terminan este mes de octubre, sin que exista una solución habitacional real para los afectados.
Según Chávez, el Ministerio de Vivienda propuso a 46 de las 85 familias la adquisición de un inmueble en el municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana, la cual carecía de los diferentes elementos que compone el derecho a la vivienda adecuada. La propuesta no tomó en cuenta que las familias cuentan con más de 10 años de habitar en la zona y por ende tienen un desarrollo laboral, cultural y educativo en el sector; tampoco garantizaba condiciones de seguridad y capacidad adquisitiva de las familias.
