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@RosmeriAlfaro
Miembros de la comunidad 10 de Mayo, Ahuachapán, pidió a líderes de la Iglesia católica a que interceda por ellos para no ser desalojados de sus viviendas el próximo 31 de octubre.
Alrededor de 120 familias fueron notificadas el pasado 11 de agosto que serán desalojados a las 10 de la mañana el último día del mes de octubre, de los terrenos donde han vivido desde hace casi ocho años.
La presidenta de la comunidad Carmen García llamó al cardenal Gregorio Rosa Chávez a que intervenga en este proceso.
“Pedimos que nos ayude a encontrar una solución favorable para esta comunidad, para que las personas no sean desalojadas de sus casas de cartón, plástico y pedazos de lámina”, expresó.
Agregó que han presentado propuestas al apoderado de Arturo Argüello, gerente general de Diario el Mundo, quien es el supuesto propietario del inmueble, para negociar la propiedad a un bajo precio.
“Somos personas de escasos recursos pero él (apoderado) dijo rotundamente que su mandante no quería dinero sino que lo que quiere es la tierra.
Así como nos quiere desalojar para luego hacer una residencial o lotificación, ¿por qué no nos la deja a nosotros que ya estamos ahí y que nos ha costado limpiar la propiedad?”, dijo.
Son 120 parcelas las que están siendo habitadas por casi 600 personas, en su mayoría niños y personas de la tercera edad .
“Desde el año 2010 venimos en el proceso para no ser desalojados. Hemos pasado por Juzgados, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, alcaldías pero las puertas siempre han estado cerradas y no hay propuestas a favor de la comunidad”, expuso García.
William Sigüenza, representante de la comunidad, señaló que la mayoría de habitantes no tienen a donde irse por lo que llaman a un diálogo de compraventa del inmueble.
“Todos que habitan en esa propiedad tienen la iniciativa de tener un diálogo de compra a un precio bajo para no ser desalojados”, manifestó.
La comunidad también pidió a la Procuraduría General de la República y para la Defensa de los Derechos Humanos a que sigan apoyándolos en el proceso que afecta a “personas que no gozan de un empleo, no tienen trabajo digno y no tienen vivienda propia”.
