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@BeatrizCoLatino
José Manuel Cruz, here de la comunidad el Chile, shop ubicada en la península de San Juan del Gozo, remedy en Usulután, teme que los mega proyectos de desarrollo turístico que se impulsen con la llegada de Fomilenio II, pueda afectar a las 22 familias de la zona.
Las familias de la comunidad El Chile se asentaron en la zona antes de la fundación de la cooperativa Corral de Mulas I, en 1991, sin embargo no han podido legalizar sus propiedades.
De acuerdo a Cruz el ISTA les ha dicho que el proceso de legalización de las tierras está listo, pero luego de 22 años, todavía no les entregan documentos que los acrediten como dueños y puedan estar salvaguardados de un desalojo.
La comunidad el Chile está ubicada en una zona estratégica en San Juan del Gozo, tiene acceso a verdes campos, playas y el manglar. “Nosotros hacemos un llamado a las instituciones del Estado que se acerquen a las comunidades para que vean la problemática que tenemos, y algunas amenazas de desalojo que se escuchan”, dice temeroso Cruz.
Ante el miedo de perder sus viviendas, Cruz se ha vuelto el líder y busca apoyo de organizaciones, de ong´s. “Esta zona es de mucho lugar turístico, no sabe si los proyectos o mega proyectos van a venir desalojar o darle beneficio directo a estas comunidades”, indica Cruz.
Algunos habitantes de la comunidad tienen miedo hablar, otros no. Dicen que hace algunos años llegó un hombre identificado como Gustavo Guerrero, representa a la familia Tesak, compró tierras a algunos, adquirió terrenos de ex cooperativistas de Corral de Mulas 1, que quedó inactiva en el 2007, y conformó la cooperativa Fantasma para tener control en la zona.
Los habitantes denuncias que gran parte de las tierras: “Ellos las están cercando hasta límites que no deberían. Ellos compran las parcelas en terreno dulce y lo cercan hasta lo salado”, advierte.
En algunos de los terrenos incluso se han colocado rótulos que amenazan con pedir la intervención de la PNC, si los límites de lo cercos son violados.
“Esto no puede seguir pasando, solo porque somos comunidades marginadas y más pobres, no nos pueden violar nuestros derechos”, critica Cruz.
De acuerdo a las familias, los privados han logrado tener escrituras en menos de 3 año y las familias que llevan más de 22 años no han logrado mucho, solo tener papeles que los ponen en lista de espera.
José Santos Guevara, de la Asociación de Comunidades del Bajo Lempa (Acudesal), dijo que las familias del Chile tienen los mismos derechos que una que vive en la Escalón, y por eso están apoyando.
“Nosotros nos preocupamos por la realidad de la comunidad. Es un problema que está oculto”, dijo Guevara.
El representante de Acudesbal dice que no están en contra del desarrollo, pero siempre y cuando se respete la identidad de las comunidades.
Agrego que también existe preocupación por la llegada de mega proyectos, que puedan poner en riesgo los bosques, contaminación y las amenazas de desalojo.
Otra de las organizaciones que está apoyando es Voces de la Frontera, que incluso ha hecho varios estudios de la zona y maneja información de que existe interés de convertir la zona en un completo hotelero y explotación turística.
José Acosta, de Voces, dice que lo preocupante es el impacto que puedan tener esos proyectos en la identidad de las comunidades, no sólo la del Chile, si no todas las de Jiquilisco y el Bajo Lempa.
No se sabe de donde saldrá el agua para sostener esos proyectos hoteleros y de otros atractivos turísticos. “Nosotros estamos preocupados porque son trabajos que se hacen muy silenciosos”, critica.
Tienen incluso temor de que mandar a arreglar la carretera y la compra de terrenos, incluso de aquellos que le pertenecen al Estado.
“Históricamente a las comunidades que siempre han vivido en la zona, les niegan sus títulos de propiedad y los privados lo tienen rápidamente”, explica.
La comunidad el Chile es trabajadora, su principal fuente de ingreso es la pesca.
Ricardo Navarro, del Cesta, fue muy crítico en este caso. Acusó incluso a los propietarios privados de comprar terrenos y cercarlos hasta el mar .
Navarro pidió que el ISTA, la PNC y la fiscalía investiguen quienes son esos dueños y si existe una violación a las leyes.
El presidente del Cesta criticó que se está apoyando los grandes proyectos turísticos por que dejan al margen a las comunidades.
“Imagínese que estos acuerdos de asocio público privado se tiene que poner más de 100 mil dólares y si no uno no está en la jugada, eso es cosa para grandes”, no para las comunidades que por años han vivido en las zonas, dijo Navarro.
