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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Habitantes de la comunidad Guajoyo, Tecoluca, en San Vicente, denunciaron un presunto abuso de la Fuerza Armada, luego de retener y golpear a un joven de la zona. Sin embargo, la comunidad se organizó en el momento y evitó su detención, según informó el Movimiento por la Defensa de la Tierra a través de redes sociales. Como es típico en el régimen de excepción en su práctica, los agentes de seguridad intentaron detener a un joven que nada tiene que ver con pandillas según sus conocidos. El hecho sucedió en una zona rural del país.
Los habitantes de la comunidad Guajoyo denunciaron que desde el 11 de agosto de este año se estableció un puesto militar en la comunidad, lo que causa temor en la población y hostiga a los jóvenes. Estos son el principalmente afectado sobre todo en un territorio que no es asediado por pandillas, según detallan los mismos habitantes.
Sobre el caso, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) se solidarizó con la comunidad Guajoyo y con el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca, quien fue la que denunció el hecho a través de redes sociales. El bloque destacó a la comunidad y el movimiento que “frente al asedio de los cuerpos represivos, evitaron capturas arbitrarias en defensa de sus jóvenes que ahora son acosados por policías y soldados”.
Y es así, con el régimen de excepción, miles de personas que nada tienen que ver con pandillas han sido capturados. Solo el Gobierno ha reconocido que ha dejado en libertad a más de 5 mil personas, ya que no se les encontró vínculos con pandillas. A la fecha se han capturado a más de 71 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos, como se ha retirado, a miles de inocentes.
Organizaciones sociales han reiterado el llamado a que se elimine el régimen de excepción y se implementen políticas públicas en materia de seguridad que no involucren la suspensión de derechos fundamentales como los que actualmente están suspendidos por el régimen de excepción.
Desde hace 17 meses se mantienen suspendidos los derechos y garantías establecidos en los artículos 12 inciso 2° y 13 inciso 2° de la Constitución de El Salvador, el primero se refiere al derecho de la persona detenida de ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención, no ser obligada a declarar y contar con la asistencia de defensor en las diligencias de la administración de justicia y los procesos judiciales.
El segundo artículo dispone sobre el plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa y la consigna de la persona detenida a un juez competente dentro de ese plazo. También, se mantiene suspendido el artículo 24 de la Constitución, que dispone sobre la inviolabilidad de la correspondencia de toda clase, salvo bajo los términos previstos en la ley, así como las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones.
