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Ciudad de Guatemala/AFP
La comunidad internacional respaldó el combate anticorrupción en Guatemala, que desde 2015 protagoniza una inédita lucha contra este flagelo apoyada por una comisión antimafias de la ONU, que ya permitió encarcelar a un expresidente.
«Guatemala ha dado pasos firmes en la lucha contra la corrupción con iniciativas de gobierno abierto, así como con la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)», un ente adscrito a la ONU, indica un comunicado.
El boletín está firmado por las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Chile, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza, así como la Delegación de la Unión Europea (UE), el Sistema de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
La expresión de respaldo al combate de este flagelo en el país centroamericano se da en el marco del Día internacional contra la Corrupción.
«La comunidad internacional aprecia el trabajo del Estado de Guatemala en la lucha contra de la corrupción y la impunidad», insiste la nota de prensa.
«Los resultados logrados demuestran a la región y al mundo que es posible atacar a las redes de corrupción, fortalecer las instituciones judiciales y que puede prevalecer el estado de derecho», afirma.
De acuerdo con el boletín, «la corrupción erosiona las sociedades y obstaculiza el crecimiento económico y el buen gobierno, impactando en el desarrollo sostenible y la capacidad de garantizar plenamente los derechos humanos».
La Fiscalía y la Cicig destaparon en abril de 2015 una red de defraudación fiscal en las aduanas y acusaron como cabecillas al exgobernante Otto Pérez y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes esperan fecha para un juicio oral y público.
Por ese caso, conocido como «La Línea», también están en prisión decenas de exfuncionarios, incluidos ministros, altos oficiales de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos, y empresarios.
El actual presidente Jimmy Morales tampoco es ajeno a las denuncias, pues en agosto la Fiscalía y la Cicig pidieron retirarle la inmunidad para investigarlo por sospechas de financiamiento ilegal en su campaña electoral de 2015. El Congreso ha blindado al mandatario en dos ocasiones, al mantenerle los fueros.
