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Gloria Silvia Orfellana
@DiarioCoLatino
“Independencia Judicial”, fueron los mensajes contudentes de Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Borja Hidalgo, Encargado de Negocios de la Unión Europea en El Salvador, en relación a la Audiencia Preliminar de los cinco ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y ADES.
“Seguiré de cerca la audiencia preliminar en el caso contra los defensores de Santa Marta y ADES en El Salvador hoy. El Estado debe retirar los cargos”, escribió Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas, en su cuenta de la red X, este 3 de abril.
De la misma forma, Borja Hidalgo, Encargado de Negocios de la Unión Europea en El Salvador, manifestó: “Creo que es importante dar un apoyo en ese caso para poder seguirlo y analizar si efectivamente se está dando este grado de independencia judicial”.
Mary Lawlor se ha pronunciado anteriormente, junto a otros Relatores de la ONU, sobre el Caso Santa Marta y ADES, y solicitaron mayor información sobre el proceso judicial que desarrolla al Estado de El Salvador.
Lawlor ha expresado claramente sus preocupaciones sobre este proceso, por “el uso indebido del derecho penal contra los defensores de los derechos humanos. Así como su detención provisional y las presuntas restricciones en sus comunicaciones con sus familiares y su equipo legal”.
“Tememos que el caso sea un intento de intimidar a los y las que buscan defender el medioambiente en el país, y, sobre todo, a quienes defienden derechos humanos de los impactos negativos de la minería metálica”, señaló Lawlor.
Mientras, Borja Hidalgo declaró que era “importante” que la Comunidad Internacional observaran de cerca el proceso y su independencia judicial.
“Evidentemente todas las personas estamos sujetos al escrutinio de la ley, pero, creo importante dar un apoyo en este caso y poder seguirlo para analizar si efectivamente se está dando este grado de independencia”, manifestó.
“No nos corresponde, reaccionar sobre el proceso judicial, pero desde nuestra sede en Bruselas podemos decir que miramos con mucho interés este caso por la especial relevancia que tienen las personas que están ahora mismo en juicio. Y por el apoyo que han tenido internacionalmente y durante mucho tiempo en sus comomunidades”, declaró Hidalgo.
Y, efectivamente, en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, la jueza María Elizabeth Amaya, del Juzgado de Instrucción de Sensuntepque, instaló la Audicencia Preliminar de los defensores ambientalistas: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de Santa Marta – ADES, en donde el equipo de la defensa de líderes comunitarios esperan un dictamen de sobreseimiento definitivo.
“Salió bastante mal, venía muy demacrado, deshidratado y con una enfermedad en su piel, venía sumamente delicado de su salud. Él es diabético, y venía con los niveles de azúcar en sangre súper altos”, expresó un familiar sobre uno de los ambientalistas que por razones de seguridad declinó identificarse.
“Nosotros, como familia, lo único que hemos hecho es cuidarlo y asumido los gastos en medicamentos, y por la atención médica particular, que llega a checarlo a la casa en donde está confinado, y si bien está un poco más estable y que el problema de la piel ha ido mejorado, pero aún su integridad física es debil”, relató.
Vidalina agradece el apoyo
El apoyo constante de las organizaciones nacionales y aliados internacionales, así como, organismos del Sistema de Naciones Unidas e Interamericano de Derechos Humanos, fueron honradas en sus aportes por Vidalina Morales, al reconocer su acompañamiento durante los últimos 13 meses desde la captura de sus cinco compañeros y directivos de ADES – Santa Marta.
“No nos queda otra alternativa que seguir luchando y en este sentido agradecemos a nivel nacional como internacional a las organizaciones sociales, foros temáticos y mesas de defensa de derechos humanos, su postura de acompañamiento contra la acusación de nuestros compañeros defensores y líderes comunitarios”, afirmó.
“Y creo que esas muestras de solidaridad y apoyo nos legitima la lucha, que hemos venido liberando nosotros en el departamento de Cabañas. Y nos queda más claro ahora con toda esa presencia de los medios de comunicación y con ese seguimiento que estamos viendo de organismos internacionales, no podemos dejar que se criminalice el movimiento social”, sostuvo Morales.
Sobre la “legitimidad de la lucha social”, Vidalina Morales señaló que al unir todas estas acciones públicas y colectivas a la comunidad Santa Marta, los “llenaban de esperanza, admiración y respeto”, por los organismos internacionales y organizaciones nacionales que tienen claro, que el caso de los cinco ambientalistas era una “criminalización del movimiento social y defensores de derechos humanos”, por lo que llamó a sumar esfuerzos a futuro a la sociedad salvadoreña en general.
Estos luchadores sociales que cada día más resisten la implementación de megaproyectos de toda índole, en un país que está bajo una amenaza de mega proyectos que sólo van a enriquecer a unos pocos y empobrecer a las ya empobrecidas comunidades en donde habitamos y el ya deteriorado medio ambiente, reiteró.
“La lucha de nuestras comunidades y el movimiento social va a seguir adelante en la defensa de todos nuestros derechos, en la defensa de nuestros territorios y en la lucha contra essos proyectos extractivistas como la minería metálica de este país”, puntualizó Morales.
