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Gloria Silvia Orellana
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“Compañeros, aquí estamos, con ustedes continuamos”, dijo en coro, con miembros de la Comunidad Santa Marta, Alfredo Leiva, al recordar que este 11 de marzo se cumplen 14 meses de “persecución judicial contra nuestros líderes ambientalistas”, de las capturas arbitrarias de los cinco ambientalistas y líderes de Santa Marta y ADES.
En la madrugada del 11 de enero de 2023, un combinado de policías y militares, rodearon la Comunidad Santa Marta, en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, con el fin de capturar a los dirigentes comunitarios: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes de la comunidad y directivos ADES-Santa Marta.
Los habitantes de la Comunidad Santa Marta han reiterado que la Fiscalía General de la República “ha mentido” porque durante el proceso de la captura afirmaron que no iba a ser investigado el caso en el marco del “Estado de Excepción”, lo que no cumplió, y sus compañeros no han tenido acceso a una defensa ni se han respetado sus derechos individuales y colectivos.
Semanas atrás, Denis Muñoz, representante legal de los cinco ambientalistas, presentó junto a la comunidad Santa Marta y ADES, la respuesta a la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde advertían que “el caso era débil porque no había pruebas contra estos líderes comunitarios de Santa Marta”. Y por lo tanto, su sobreseimiento y libertad debía ser inmediata, pero el sistema judicial mantiene el arresto domiciliario.
El requerimiento fiscal argumenta un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado (1989), en contra de los cinco líderes ambientalistas y que afirman, cuentan con un testigo de cargo que a lo largo del proceso judicial ha declarado contradiciéndose en su testimonio del hecho, y que en un primer momento atestiguó que había sido testigo ocular del hecho, luego dijo que se lo contó una tercera persona. Además de una exhumación que demostró que no existen restos óseos en el lugar señalado, por lo que se prolongó por 2 semanas el proceso exhumatorio.
“Hace un par de semanas, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevamente su acusación sin pruebas, pues -durante el año que duró la fase de instrucción del proceso- no obtuvo ni un sólo elemento que confirme la existencia de los delitos señalados y la participación de los acusados”, dijo Leiva.
La comunidad y miembros directivos de ADES, reiteradamente, , ha declarado que los ambientalistas fueron “detenidos injustamente, y es un caso de manipulación e instrumentalización del sistema judicial”, y que al final tiene como trasfondo la reactivación de la minería metálica en El Salvador.
“Recientemente, el Juzgado de Segunda Instancia de Sensuntepeque programó la audiencia preliminar para el próximo miércoles 3 de abril. En dicha audiencia el caso debería cerrarse por falta de pruebas y decretarse el sobreseimientos definitivo para nuestros líderes comunitarios”, acotó Leiva.
“Es por esto que exigimos al referido tribunal que actúe a la base de la legalidad y dé por finalizado este injusto proceso penal, para que nuestros compañeros regresen a sus labores de defensores ambientales”, expresó Leiva.
La Comunidad Santa Marta y ADES hicieron un llamado a las organizaciones sociales, a los activistas, personas defensoras que desean preservar el agua y la vida en el país, a unirse y así juntos, demandar con mayor contundencia en sus “sus voces “ la demanda de libertad por los cinco ambientalistas del municipio de San Isidro, departamento de Cabañas.
