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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
En la conmemoración del 43 aniversario, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Comunidad Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) exigieron justicia para las víctimas de la masacre del río Lempa, y demandaron el cese de la actual criminalización de los líderes comunitarios en Cabañas.
La masacre del río Lempa ocurrió entre el 15 y el 18 marzo de 1981, cuando fuerza élites del ejércio de El Salvador llevó a cabo un operativo militar contrainsurgente en los cantones Santa Marta, Peña Blanca y sus alrededores. Después de ataques aéreos y terrestres, muchas personas fueron obligadas a cruzar el río Lempa hacia Honduras, donde fueron atacadas por las tropas de ambos países.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, hubo entre 20 y 30 muertos y 189 personas desaparecidas; sin embargo, miembros de la Comunidad de Santa Marta aseguraron que se desconocía con exactitud la cantidad de muertos.
“Para nosotros seguirá siendo algo que no hemos podido olvidar, en nuestras memorias siempre va a estar presente, uno aprende a sobrellevar ese dolor, pero no lo olvida”, agregó Rosa Laínez, sobreviviente de la masacre de Santa Marta.
“El actual gobierno sigue protegiendo al estamento militar, a todos aquellos que perpetraron crímenes de guerra y de lesa humanidad”, expresó Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Alfredo Leiva, miembro de la Comunidad Santa Marta, sostuvo que la Fiscalía General de la República engañó a la comunidad al decirles que retomarían la investigación de la masacre, pero en lugar de eso capturaron a seis líderes comunitarios por otro delito.
Leiva exigió que se retiraran los cargos contra sus compañeros detenidos, ya que después de más de un año de investigación, la Fiscalía no logró reunir pruebas sólidas. “No se ha hecho justicia a esas víctimas; la Fiscalía lo que ha hecho es criminalizar a nuestros compañeros. Pedimos a la Fiscalía que, así como está investigando a nuestros compañeros, haga su trabajo e investigue la masacre ocurrida en marzo de 1981”, expresó Leiva.
Finalmente, Omar Serrano afirmó que son más de 200 las víctimas las que se han registrado en la masacre de Santa Marta, además de que el gobierno no ha investigado las masacres por voluntad política. “Hay testimonios de los sobrevivientes y no se ha investigado, eso es voluntad política, aquí no ha habido voluntad antes ni ahora para hacer justicia a las víctimas”, concluyó el académico.
