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Gloria Silvia Orellana
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Carolina Herrador, una de las abogadas que integraron el equipo de la defensa de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, manifestó, que aún deben cumplirse algunos requisitos legales, para el sobreseimiento definitivo de los ambientalistas, pero esperan la sentencia en firme de libertad de los ambientalistas.
“Fueron sobreseídos por ambos delitos, el de asesinato y asociaciones ilícitas, están en libertad total, ya no tienen arresto domiciliario, pero esa medida se sustituyó por una que tienen que presentarse cada 8 días al Tribunal, mientras la sentencia se declare en firme y ejecutoriada”, explicó la abogada. En cuanto al proceso, luego de declararlos libres, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, Herrador manifestó que el equipo está satisfecho con el resultado.
La abogada afirmó que existen ciertos protocolos que cumplir, como girar oficios a la Policía Nacional Civil (PNC) para levantar la medida cautelar que tenían sobre el “arresto domiciliario”. También, las juezas informaran a las autoridades que ahora la medida será que deben estar presentándose cada 8 días ante el Tribunal, hasta que se declare en firme la sentencia. “Cuando se declare firme y ejecutoriado el sobreseimiento definitivo, será el tiempo que tiene la Fiscalía General de la República, para recurrir, que es de 10 días, y la sentencia se nos la entregará el día lunes (hoy) y allí tienen los medios que recurrir de la Fiscalía”, indicó Herrador.
En cuanto a la oportunidad que tiene la Fiscalía General de la República de “recurrir”, sobre el dictamen judicial del 18 de octubre, se trata de un proceso en donde podrían presentar un “recurso de apelación” ante una jurisdicción superior por la resolución del Tribunal de Sentencia.
No obstante, una vez cumplido el plazo la sentencia y sea firme y ejecutoriada, no admitirá recurso alguno ni podrán impugnar, es decir, una vez que la sentencia es firme se convierte en cosa juzgada y no puede ser modificada.
“Es un caso que ha sido altamente emblemático y para nosotros es muy importante la sentencia. Y nos sentimos satisfechos que la decisión y el fallo de las señoras Juezas, haya sido totalmente apegado a derecho”, resumió Carolina Herrador.
Ganó la verdad y el pueblo organizado
Para Vidalina Morales, el logro de la libertad de sus compañeros no es una etapa que ha finalizado, al reconocer que aún les espera un trabajo colectivo fuerte en la protección de sus territorios, la defensa de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y la lucha social por un país democrático.
“Ganó la verdad, ganó la justicia, ganó el pueblo organizado, es un triunfo solidario internacional y nacional, además de los medios de comunicación consecuentes que han aportado significativamente a esta lucha en estos 22 meses”, dijo.
“Esta es una conquista de todos y todas. Y sabemos también que hay miles de personas que a esta hora están celebrando alrededor del mundo esta sentencia, porque han estado dándole seguimiento a este caso de nuestros compañeros de ADES y Santa Marta”, reiteró Morales.
Las declaraciones de la ambientalista Vidalina Morales, se dan en el marco de las últimas disposiciones del actual gobierno como ser miembro desde el año 2021, del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible”, que concentra una red de 77 países que promocionan la minería metálica.
Así también la asignación de presupuesto, desde la Asamblea Legislativa, que con dispensa de trámite el 28 de febrero del 2024 asignó a la nueva Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, en un país que ostenta la primera Ley Prohibición de la Minería Metálica en el mundo.
A lo que se suma la compra de terrenos en la zona de El Dorado, San Isidro Cabañas, por empresarios relacionados con la minería metálica, que fue publicado en una investigación periodística de la Revista Elementos, que señalan, a la minera Titán de origen estadounidense, que opera también en Honduras.
“Les digo que vamos por más, como declarar esta amenaza de la minería metálica con este nuevo gobierno, y vamos a seguir luchando para que no sea así. Ya comenzamos con la libertad de nuestros compañeros”, dijo.
“Vamos a seguirle insistiendo a este gobierno corporativo que somos las comunidades los legítimos dueños de nuestros territorios, seguiremos defendiendo la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, amenazada por puros intereses mezquinos de estas transnacionales mineras, y no vamos a parar hasta tener un país en paz”, concluyó Morales.
