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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Representantes de ADES – Santa Marta pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) su intervención ante nuevas presuntas irregularidades en el proceso judicial y vulneraciones a los derechos de los defensores ambientales, capturados el 11 de enero de este año.
“Se está negando el derecho real y efectivo a la defensa técnica para los detenidos (los defensores ambientales de ADES- Santa Marta), porque de momento se ha negado la visita profesional para efecto de tener claro los elementos propios del proceso”, enfatizó el abogado que lleva el caso de los detenidos de Santa Marta, Dennis Muñoz.
La comunidad asegura que el proceso judicial se encuentra en un «impase legal» debido a maniobras de la Fiscalía General de la República contra la Cámara Penal de Cojutepeque, instancia encargada de resolver la apelación presentada por los abogados defensores el 14 de febrero; más de un mes después, la Cámara no ha resuelto debido a que FGR presentó una petición de recusación contra uno de los magistrados que la integran.
Con la apelación, la defensa legal busca revertir la injusta detención provisional decretada por el Juzgado de Paz de Victoria el 19 de enero y ratificada por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque en audiencia de revisión de medidas el 8 de febrero.
A través del escrito que se le presentó al procurador adjunto de derechos civiles, Carlos Rodríguez, se le informó que conocen que el jueves 9 de marzo, los defensores ambientales fueron trasladados a la ex cárcel de mujeres, ubicado en Ilopango, San Salvador, y que el lunes 13 de este mes, extraoficialmente dos detenidos fueron trasladados al centro penitenciario de salud de Quezaltepeque debido a complicaciones en su estado de salud.
La comunidad dice preocuparse por sus delicadas situaciones de salud, especialmente de quienes padecen de enfermedades crónicas, por tal, han solicitado en sede judicial que se revierta la prisión preventiva y que el proceso continúe, pero con ellos en libertad.
