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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Después de postergar injustificadamente su resolución durante más de dos meses, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, finalmente decidió apartar del Caso Santa Marta y ADES al magistrado Martín Rogel Zepeda”, señala el comunicado difundido en las redes sociales de la comunidad Santa Marta – ADES, al tiempo que rechaza dicha resolución.
El comunicado agrega que “el magistrado Rogel Zepeda, quien es miembro de la Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, será quien resolverá la apelación presentada por la defensa legal de nuestros líderes comunitarios detenidos injustamente desde el pasado 11 de enero”.
Al rechazar la resolución de la referida Sala de lo Penal, luego de la petición de “recusación” para el magistrado Rogel Zepeda, planteada por la Fiscalía General dela República (FGR), la comunidad Santa Marta-ADES consideran que es “carente de base legal”, pues el argumento presentando ante la “supuesta sospecha” que uno de los apellidos del magistrado “Rogel”, podría ser pariente de la exdiputada del FMLN Ileana Rogel, es falso.
“La Fiscalía General de la República ni siquiera certificó el supuesto parentesco con la exfuncionaria, quien, además, no tiene parte en el proceso penal contra nuestros compañeros ambientalistas”, sostiene la comunidad en el comunicado.
“De hecho, en la resolución la Sala de lo Penal reconoce que no existen razones válidas ni argumentos legales para separar al magistrado, pues la razón sin fundamento planteada por la Fiscalía no está entre las 13 causas de impedimento que regula el artículo 66 del Código Procesal Penal. Sin embargo, aun así, la Sala decidió apartar en forma arbitraria e ilegal al magistrado Rogel Zepeda”, agrega el comunicado.
La decisión de la Sala de lo Penal es considerada como una flagrante violación al debido proceso y al derecho de sus compañeros a tener un juicio justo en el sistema judicial.
“Esto constituye una clara violación y debe generar un rechazo de toda la comunidad jurídica, porque constituye un grave precedente y un golpe final a la moribunda independencia judicial del país”, añade.
“Santa Marta y ADES rechazamos, condenamos y denunciamos, ante el país y el mundo esta decisión abusiva de la Sala de lo Penal. Al mismo tiempo, exhortamos a la Cámara de Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque a no dejarse amedrentar y resolver apegada a derecho”, solicita la comunidad Santa Marta-ADES.
En cuanto a la apelación presentada por el abogado particular Dennis Muñoz, que lidera la defensa de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, reiterar que el único delito de estas personas fue defender el agua, el medioambiente y la vida, gravemente amenazada por las pretensiones de reactivar la minería metálica en el país.
