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Patricia Meza
@DiarioCoLatino.com
“Por legalidad y humanidad” la Comunidad Santa Santa Marta y ADES exigieron a través de un comunicado, que saquen a los cinco líderes comunitarios de la cárcel, como lo ordenó el Juzgado de Intrucción de Sensuntepeque, la semana pasada.
Hace una semana se realizó la audiencia de revisión de medidas en contra de los líderes comunitarios detenidos de Santa Marta, en la que decretaron medidas de detención domiciliar, revisión de su salud en el Hospital Rosales y pagar una fianza de 3 mil dólares cada uno, para quedar en libertad.
Los líderes comunitarios ya cumplieron con el pago de la multa y la revisión médica, por lo que ahora solo queda que los lleven a la casa, para continuar su arresto domiciliar.
La revisión médica en el Rosales fue establecida por la delicada situación de salud que presentaban y que fue constatada por peritos del Instituto de Medicina Legal (IML).
Ya ha pasado la semana y la Dirección General de Centro Penales (DGPC) no ha cumplido la resolución judicial que ordena la excarcelación de los defensores ambientales.
Los acusados pasaron casi ocho meses en prisión injusta, pues la Fiscalía acusó a estos líderes comunitarios y ambientalista de Santa Marta-ADES de un supuesto crimen ocurrido en 1989, durante la guerra civil, sin tener pruebas contundentes del supuesto hecho.
Los lideres capturados el pasado 11 de enero son Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, acusados por supuestos hechos ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño. Y también, de “asociaciones ilícitas”, que la población de la comunidad ha denunciando, eran “acusaciones que carecen de base real”.
En el caso de la acusación de homicidio, las autoridades judiciales y fiscales no lograron encontrar el cadáver de María Inés Alvarenga, la persona que -según la Fiscalía- fue asesinada en 1989 por los líderes comunitarios de Santa Marta detenidos el pasado 11 de enero.
El delito de estos líderes es que son defensores del medio ambiente y se han destacado en la lucha contra la minería metálica que derivó en la aprobación de una ley que prohíbe en forma definitiva la explotación minera de metales, pero que el actual gobierno piensa revertir para darle paso nuevamente a la explotación minera.
