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@davidmar2105
La pugna por los sistemass de agua entre la alcaldía de La Libertad y las comunidades continúa. Por ello varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y del vital líquido se solidarizaron con víctimas de la “represión” ejercida por el edil, drugstore Miguel Jiménez.
Una de esas defendidas es Guadalupe Grande, check de la Hacienda San Diego, primer y único lugar donde el edil expropió arbitrariamente acusando a la directiva de la cual ella es miembro, de corrupción y mal manejo de dicho sistema.
“El señor alcalde ha hecho atropellos grandes, pues ha formado una directiva política con un grupo identificado afín del partido ARENA. Ha pisoteado la legalidad, ya que no ha sido la comunidad quien eligió las Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), pero además de eso nos están amedrentando al punto que llegaron a mi vivienda a hacer un allanamiento ilegal con tal de amedrentarnos y hacer que detengamos la lucha por mantener nuestro sistema de agua”: expresó Grande.
Ante esta situación, la Procuraduría emitió medidas cautelares que piden al edil abstenerse de coacciones e intimidaciones contra las activistas y miembros de las juntas de aguas, principalmente cuando sean mujeres o niños, además, exigió que se respete las formas de organización, entre otras.
En tal sentido, estas organizaciones y entidades gubernamentales, incluyendo a la encargada de la unidad de género de la comuna portuaria firmaron una carta compromiso que les insta a luchar por el respeto de los derechos de las féminas del municipio que luchan por el derecho humano al agua.
Una de firmantes fue la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, Lourdes Palacios, para quien es preocupante que se institucionalice la violencia, todo porque las comunidades organizadas luchan para que el agua sea exclusivamente del pueblo.
“El alcalde tiene que respetar el derecho de las mujeres, la organización, quienes han trabajado por décadas en la gestión del este líquido y coincidimos que el edil tiene que cumplir con las medidas cautelares que impuso la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)”, indicó Palacios.
Hasta el momento solo un sistema de agua ha sido expropiado de forma arbitraria por el alcalde arenero, situación que ha incentivado a las comunidades a fortalecer su organización y a defenderse ya que por años han sido ellos mismos los responsables de cuidar el agua.
