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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Miembros de la Mesa Nacional de Habitantes de Comunidades de la Línea Férrea llegaron la mañana de este martes a la Asamblea Legislativa para exigir el cumplimiento del decreto legislativo 505 que trata sobre varios departamentos que se ven beneficiarios de escrituración de sus tierras, pero que hasta la hecha no se ha hecho efectivo en su totalidad.
Y es que el año 2013 se aprobó la “Ley Especial para la Desafectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en Desuso y sin Viabilidad Ferroviaria” que favorecía a miles de familias que habitaban en la línea férrea de diversos departamentos. En total, se legalizaron 52 comunidades de La Unión, San Miguel, Usulután, San Salvador y Santa Ana.
El 3 de abril de 2019, las comunidades aglutinadas en la Mesa Nacional de Línea Férrea celebraron un logro parcial, ya que se aprobó una reforma al decreto 505 para la legalización de 86 comunidades de Santa Ana, San Salvador, Cuscatlán, Usulután y San Miguel, beneficiando a 9,714 familias. Sin embargo, solo en San Miguel han dado aproximadamente 30 escrituras, y en Santa Ana las están midiendo, pero éstas, van “muy lentas”. Por tanto, las comunidades exigieron al Estado la legalización de las propiedades para poder brindar una vida digna a sus familiares. Las comunidades lamentaron la negativa de las instituciones del Gobierno para continuar los procesos de desafectación de inmuebles donde están asentadas diversas comunidades. Y eso les preocupa, ya que en consecuencia, las familias aún no cuentan con su escritura de propiedad y otras que sí las tienen, puedan ser desalojadas, debido a futuros proyectos ferroviarios. En ese marco, la Mesa Nacional de Línea Férrea afirmó que no se les ha explicado cómo es que va a funcionar el proyecto del Tren del Pacífico, y esto les genera incluso “aflicción”, ya que precisamente viven en los costados de líneas férreas que no se sabe si serán utilizadas para llevar a cabo el Tren del Pacífico.
También, plantearon su preocupación sobre la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales que la Asamblea Legislativa oficialista aprobó y que será la herramienta jurídica por la cual, la Dirección Nacional de Obras Municipales podrá expropiarse de aquellos inmuebles que sean considerado como de “interés público”.
María Cristina Alvarado, miembro de la Mesa, dijo que esa medida podría significar “un desalojo para muchas comunidades”. Agregó qué la Ley afecta a los más pobres, “no lo están aprobando para la gente que en realidad tiene su residencia, que vive en buenas colonias, sino que es una aprobación que afectará al más desprotegido”, dijo. “Que no se les olvide a los diputados de Nuevas Ideas que este pueblo que está aquí afuera protestando, es el pueblo que los ha llevado al poder, es el pueblo que en realidad dijo que quería un cambio, pero a la gente se le olvidó que podía haber un cambio de retroceso, no un cambio hacia adelante”, lamentó Alvarado.
Ante lo anterior, pidieron a la Asamblea Legislativa que a través de la Comisión de Obras Públicas puedan atender la correspondencia donde solicitaron los procesos de desafectación de los inmuebles en donde por años han habitado familias de escasos recursos.
