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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
“La justicia es como la serpiente, sólo muerde a los que están descalzos”, esta breve cita sobre la injusticia en el país, calza en la realidad que viven las Comunidades del Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután. Los testimonios desgarradores de los familiares que buscan a sus hijos, hermanos o esposos, que tienen en común la falta de información sobre la salud física y mental de sus seres queridos, es reflejo de lo que representa la cita en la actualidad en el país.
El Movimiento y Comité de Víctimas de Régimen de Excepción del Bajo Lempa, junto a abogados de CRISTOSAL se hicieron presentes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), para presentar un escrito en el que se le exige a la tutelar la agilización de más de 43 denuncias presentadas ante la institución, y que han pasado 4 meses sin ninguna información.
En las manos de Marcela Alvarado esta la fotografía de su hijo, quien denunció: “soy la madre de José Duval Mata Alvarado, que desde el 18 de abril de 2022 fue capturado. Es duro todo esto, porque no sé a esta fecha si mi hijo está vivo o está muerto; sólo quiero que sean valientes y me digan si mi hijo ya no existe o está vivo, es 1 año y 4 meses de luchar por mi hijo porque es inocente”, expresó Marcela Alvarado.
El caso de “José Duval” ha sido documentado y presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque el proceso en el caso del joven acumula dos resoluciones judiciales que le han decretado la libertad, provenientes de dos jueces distintos. No obstante, autoridades penitenciarias se niegan a cumplir con el procedimiento judicial, afirmó la madre del detenido.
“Como madre desesperada -quiero saber de mi hijo-, porque si ya tengo dos resoluciones de libertad de los jueces en donde dicen que den pronto libertad a José Duval, porque no tiene vínculos (pandillas) ni ahora ni antes. Entonces, le pido al señor presidente (Nayib Bukele) que me devuelva a mi hijo, porque no es ningún delincuente, y si ya dictaminaron su inocencia que dé la orden a Centros Penales para la liberación de mi hijo”, expresó Marcela Rodríguez.
Para Gloria Antonia Reyes Ventura, la pesadilla de la captura de su hijo Marvin Santos Reyes comenzó el 5 de abril 2022, quien venía de desayunar y se dirigía a su trabajo cuando fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Nosotros somos gente pobre de Jiquilisco, de Tierra Blanca, San Hilario, Usulután. A estas alturas, no sé nada de mi hijo. Son 16 meses sin saber de él, y quiero que me lo entreguen porque él es inocente, no debe nada a nadie”, manifestó.
“Él no debe nada, quiero que lo dejen libre, quiero que me lo devuelvan porque -me han dicho- que está enfermo en el penal de Izalco. Y no me dejan verlo, entonces no quiero que me vayan a entregar a mi hijo en una caja (ataúd) porque no voy a resistir eso, porque él no debe nada”, reiteró Gloria Reyes.
Glenda Rodríguez , del Colectivo de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután, informó que decidieron volver a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos para exigir que agilice sus procesos de búsqueda de sus familiares capturados de manera arbitraria.
“Como ciudadanos sujetos de derechos que somos, queremos información sobre nuestros casos. Hemos presentado el 9 de mayo (2023) 43 casos, con toda la documentación, la cual, hace constar que nuestros familiares no son pandilleros, no son delincuentes”, dijo.
“Hasta la fecha, lo único que ha hecho ( PDDH) es pedir más documentos, y con el proceso casi fiscalizado (investigado), y la PDDH, prácticamente -nos señala- en lugar de defendernos. Le pedimos a la procuradora Caballero que recuerde el acuerdo que tomamos el 9 de mayo aquí mismo y queremos que nos cumpla lo que prometió”, exigió Rodríguez.
El Colectivo de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután, tienen 139 casos presentados desde el 15 de mayo de 2022, con Habeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tampoco “nos ha escuchado”, afirmó Rodríguez, al comentar que a los Habeas corpus, presentados a: 39 casos les hicieron observaciones, declararon cuatro inadmisibles, 38 improcedentes y 53 casos no resueltos.
“Utilizan esas palabras técnicas, que nosotros, que no tenemos una educación o carrera profesional en el área jurídica, no entendemos eso. Cuando nos dijeron que simplemente teníamos que presentar información, pero no nos escuchan, queremos saber ¿Qué hace la PDDH por los derechos humanos de los salvadoreños?, porque siguen estigmatizando a quienes defendemos derechos con defender pandilleros, eso es injusto”, reiteró Rodríguez.
Abraham Ábrego, de Litigio Estratégico de CRISTOSAL, informó que acompañaban al Movimiento y Comité de Víctimas de Régimen de Excepción del Bajo Lempa, en la presentación de un escrito ante la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, a fin, de agilizar los procesos que los familiares han venido presentando desde el año pasado.
“La PDDH tiene actualmente 43 denuncias, y para los que dicen que no hay denuncias del régimen, pues si hay denuncias contra el régimen, personas inocentes que han sido acusadas y es por esto que pedimos la intervención de la Procuraduría”, afirmó.
“De esas 43 denuncias todavía no hay respuesta por esta institución y queremos llamar la atención de este caso del joven José Duval, porque es un caso que tiene dos ordénes de libertad declaradas por dos jueces diferentes. El primero le dio medidas sustituvas y cuando lo iban a dejar libre lo vuelven a capturar en el mismo penal y lo mandan para Izalco por el mismo delito, y eso está fuera de la ley”, observó Ábrego.
El abogado de CRISTOSAL explicó que según la norma jurídica “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y la misma causa”, no obstante, la orden de los dos jueces que ordenaron la liberación de José Duval, en dos oportunidades, no fueron acatadas.
“El juez manda al director del Centro Penales, en este caso al CECOT, porque allí está José Duval, pero las autoridades se niegan a cumplir con esa orden judicial. Eso es un delito, es privación de libertad, porque cuando llega la orden judicial de un juez ellos (autoridades penitenciarias), deben ejecutarla y no pueden arbitrariamente decir que no lo van hacer”, argumentó.
“Entonces, le pedimos a la PDDH que cumpla su mandato y averigüe lo que está pasando e investigue el caso de José Duval, porque él ya tiene orden judicial de su liberación. Haremos un escrito también para presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre lo último que ha pasado, con el caso de José Duval, además la Corte del país que ya tiene documentado el incumplimiento de la libertad del joven”, puntualizó Ábrego.
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