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En el caso de AGUAMAR, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) argumentó que no conoce en dónde está ubicado el pozo comunitario, por eso otorgan los permisos de perforación o explotación. Sin embargo, ya hubo un levantamiento de catastro (inventario) en donde se detallan en donde se encuentran los pozos de las Juntas de Agua.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Estamos afligidos, ante todo, porque a la par del pozo de nuestra comunidad tenemos otra perforación de un pozo que tendrá fines comerciales, a 25 metros de nuestra comunidad donde abastecemos a más de 500 personas”, lamentó Sandra Morales, de la Comunidad María Auxiliadora (AGUAMAR), a la vez que pidió la protección del mismo.
Morales agregó que “como comunidad María Auxiliadora venimos a solicitar ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), para que nos atiendan y nos resuelvan el problema”.
La lideresa comunal señaló que la presencia de los representantes y habitantes de las comunidades María Auxiliadora, del Kilómetro 40, y Los Alpes, de La Libertad Costa Este, esperan que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) resuelva el problema del acceso al agua de estas comunidades que resguardan su pozo para consumo humano frente a un pozo privado que será de uso comercial.
“Nosotros estamos con esta preocupación porque el agua ya no nos alcanza, y tenemos también a bastantes personas que están esperando comprar un derecho de agua (acometida domiciliar), pero les hemos dicho que no se puede porque ahorita ya no alcanza el agua para repartir”, señaló.
“Ahora, el servicio lo tenemos 1 o 2 días por semana, prácticamente son 2 horas para cada comunidad y tenemos otro grupo que espera comprar su derecho y contar con agua en su casa, pero la realidad es que ya no nos alcanza para cubrir a todas las familias”, reiteró Morales.
En cuanto al pozo privado, explicó que el dueño del terreno contiguo a la comunidad les ha informado que el uso del agua será comercial porque les ha dicho que venderá agua en pipas y que abrirá un centro recreativo que contará con piscinas.
“Nosotros entendemos que ese pozo de agua tendrá un uso comercial. Esto nos preocupa porque esa perforación sólo está a 25 metros del pozo comunitario. Nosotros ya no hallamos a quién acudir o qué hacer porque es un problema grave para todas las familias que viven en las comunidades”, alegó Morales.
“El dueño del pozo es Erick Alexander Torres, y es dueño del terreno en donde se está perforando un pozo profundo. Somos más de 500 personas, tenemos 160 acometidas de agua domiciliar, pero de esas se derivan a muchas más familias, porque de una acometida obtienen agua otras 3 o 4 familias. Y creemos que el otro pozo nos dejará sin agua”, sostuvo Morales.
De la misma manera reconoció Morales que el dueño cuenta con el permiso y tiene los papeles en regla, luego que en una “visita de supervisión” de la ASA, que pidió AGUAMAR, hace un mes, el dueño mostró sus documentos y, como tal, ha introducido maquinaria para perforar el terreno.
“Estamos realmente preocupados, son más de 500 personas afectadas, apenas es febrero y ya estamos siendo afectado con el servicio del agua. A veces cae dos horas por comunidad, solo 2 días a la semana, y antes era todos los días. Esto es difícil, y queremos una respuesta de la ASA”, reiteró Morales.
El desconocimiento de ASA sobre pozos comunitarios
Eduardo Rivera, miembro del Foro del Agua, manifestó que se encuentran en un trabajo continúo junto a la Red Nacional de Juntas de Agua, y específicamente con AGUAMAR, que presentó una petición ante la ASA, para solucionar el conflicto sobre el uso del agua entre un fin comercial y el de garantizar el derecho humano al agua.
“Estos problemas de la extracción de agua, y los usos de la misma, son problemas por los que están pasando las Juntas de Agua comunitarias. Es el mismo problema que pasó en Barranca Honda. Y lo similar en sí, es por una mala gestión que está haciendo la ASA, en otorgar permisos de exploración o explotación sin revisión previa”, indicó Rivera.
Rivera señaló que esta ha sido la temática que han “venido denunciando” como Foro del Agua desde que se creó la Ley General de Recursos Hídricos, en julio 2022.
Ante la «poca información» y conocimiento del trabajo de las Juntas de Agua, que las ha impactado en su proceso de registro impidiendo su inscripción oficial, que son procesos engorrosos.
“En el caso de AGUAMAR, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) argumentó que no conoce en dónde está ubicado el pozo comunitario, por eso otorgan los permisos de perforación o explotación. Sin embargo, ya hubo un levantamiento de catastro (inventario) en donde se detallan en donde se encuentran los pozos de las Juntas de Agua”, argumentó.
“Ahora, la ASA le ha dado permiso a este señor para construir un parque recreativo y también comercializar el agua. Es por esto que acompañamos a AGUAMAR en su demanda. Queremos que la ASA reconsidere y garantice el cumplimiento de la Ley General de Recursos Hídricos y el acceso al derecho humano al agua para el consumo humano, antes que la explotación comercial”, reafirmó Rivera.
Aplicación de la ley afecta a las Juntas de Agua
Alejandro Henríquez, también del Foro del Agua, comentó que son aproximadamente 2 mil 325 Juntas de Agua en el país y que actualmente el porcentaje de estas inscritas es muy bajo frente a las empresas privadas que se lucran con el uso del agua.
“Es decir, el problema no es el contenido de la normativa en sí; el problema es la aplicación de la Ley General de Recursos Hídricos en cuanto a las Juntas de Agua, que tiene serios problemas de aplicación y es un mecanismo complejo”, opinó.
“Son pocas Juntas de Agua que han podido inscribirse en comparación a los privados que van ya cerca de las 18 mil empresas. Y se refleja también en el caso de AGUAMAR, una Junta de Agua que viene funcionando desde el 2020, abasteciendo a un grupo de 152 familias que son 500 personas que pueden quedarse sin agua”, manifestó Henríquez.
Estas tres comunidades ahora tienen “que racionar el agua de consumo”, en un contexto difícil porque según “carpetas técnicas” anteriores para la perforación del pozo comunitario, se señaló que el nivel del agua estaba a una profundidad considerable. El pozo comunitario tiene una profundidad de 105 metros, para llegar al agua que distribuyen a las familias.
“Y la ASA autoriza un pozo con fines de exploración comercial a unos 15 o 20 metros de distancia del pozo de la comunidad. Con un permiso de exploración que lo habilita para excavar a 110 metros de profundidad, eso es grave”, expresó.
“¿Cómo es posible que haga esto la ASA?, porque el pozo del particular, tiene como fin el riego de hortalizas, un uso recreativo, quiere poner una alberca y ha mencionado su intención de comercializar, agregó Henríquez.
Como Foro del Agua y la Red Nacional de Juntas de Agua exigieron una respuesta integral a la ASA, enfocada en el derecho humano de acceso al agua, como lo manda la Ley General de Recursos Hídricos y la Constitución de la República.
«Los problemas de la Ley General de Recursos Hídricos no son de contenido, sino de su aplicación, como la información de las juntas de agua, que son muy escasos, sólo son 2 artículos una que la define y otra que reconoce su existencia”, alegó.
“Lo más grave de esta situación es la aplicación que hace la ASA, entonces, lo que debe de hacer es generar un instrumento, un reglamento de aplicación a la Ley de Recurso Hídricos enfocado a desarrollar mecanismos de asistencia para las Juntas de Agua, y así generar condiciones de obtener permisos, extracciones y aprovechamiento, cosa que actualmente no existe”, puntualizó Henríquez
