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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Un colectivo de organizaciones ambientalistas, sociales y de derechos humanos expresó su preocupación por la posible “reactivación de proyectos mineros” en el país, y paralelamente la persecución de los liderazgos comunitarios que han liderado la lucha social y la equiparación de derechos como el acceso al agua, la salud, educación y un medio ambiente sano.
La declaratoria del grupo de las organizaciones y comunidades se da, en el marco del sexto año de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, que se convirtió en un hito mundial por ser el primer país en vetar este tipo de industria que ha sido documentada como altamente contaminante del medio ambiente.
Dicha ley contiene la prohibición de las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, así como el uso de químicos tóxicos que se desprenden del cianuro, mercurio y otros, que intervienen en cualquier proceso de minería metálica.
“Esta celebración, sin embargo, se ve opacada por las preocupantes señales de la posible reactivación de proyectos mineros, entre éstas, la aprobación de una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que incluye la explotación de minerales”, afirma.
La incorporación de El Salvador a un foro de países que promueven la minería sostenible y la inclusión de 4.5 millones de dólares en el presupuesto estatal de 2023 para la revisión y actualización de la ley que prohíbe la minería metálica, también preocupa al colectivo de organizaciones pues es una mala señal a favor de la minería.
La minería de metales trae consigo consecuencias de larga data al medioambiente y su entorno, al destruir bosques, contaminar aguas superficiales y subterráneas y la generación del drenaje ácido que arrebata la vida de los ríos y no puede volver a consumirse afectando a los grupos poblacionales que se viven cerca de las cuencas hidrográficas.
“A estas preocupantes señales se suma la aparición de personas desconocidas, tratando de comprar o alquilar tierras con potencial minero en Cabañas; y el temor de que en el marco de la negociaciones sobre tratados comerciales, compra de deuda pública o financiamiento de megaproyectos de infraestructura con potencias extranjeras el gobierno abra el sector minero a empresas de estas potencias”, agrega el colectivo. “Y en este contexto también se da la detención injusta y arbitraria de los líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y ADES, quienes juegan un rol importante en la resistencia anti minera en los territorios”, sostuvieron.
En el comunicado en conjunto, el colectivo reitera su exigencia a la “vigencia plena” de la Ley de Prohibición de Minería Metálica en el país, y rechaza de antemano cualquier “intento de reforma, derogatoria o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, expresa el comunicado.
“El Salvador necesita mantener la prohibición porque toda mina contamina, y no hay minerías verdes o sostenibles; y porque las condiciones ambientales que hacen inviable la minería ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”, reitera.
“Demandamos también el cese de la persecución contra líderes comunitario, y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo, cuando a ellos el país les debe estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”, puntualiza el colectivo de organizaciones ambientalistas y pro derechos humanos.
