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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“No somos criminales, no somos terroristas. Nosotros defendemos el agua, somos amantes de la vida y estamos defendiendo lo poco que tenemos para las generaciones que están y las que vienen”, resumió Marvin Recinos, miembro de la Federación de los Pueblos Originarios del Sur.
“Hemos trabajado por ese equilibrio tan vital para la vida, como nos enseñaron nuestros ancestros, pero el supuesto concepto de desarrollo solo expone al peligro a nuestras comunidades que son perseguidas y criminalizadas. Por eso pedimos al Estado que defina su gobernanza a favor del medio ambiente y se adhiera al Acuerdo de Escazú, que nos servirá como un Plan de Nación”, sostuvo Recinos.
En el Día Internacional de Acción por los Ríos, la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente de Ahuachapán (MESAMA), Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO), el Comité Indígena para la Defensa de Los Bienes Naturales de Nahuizalco, la Federación de los Pueblos Originarios del Sur y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), denunciaron la situación de crisis en que se encuentra la red hidrográfica de El Salvador.
Con respecto al Valle Jiboa, Recinos explicó que el río y su cuenca misma está en permanente crisis hídrica debido a la expansión del monocultivo de la caña de azúcar que roza el 90% del valle y por tanto, un alza en la contaminación por el madurador Glifosato, un agente cancerígeno reconocido mundialmente.
“La cuenca del río Jiboa, también se ve agravada por las pedreras que soterran y quitan el lecho al río . Sólo hubo una resolución allá por el 2019, de un juez de Santa Tecla, que sancionó a una de estas pedreras, pero sólo la obligó a reforestar y eso no era lo único para salvar una cuenca, porque se debe controlar también que esta industria ya no dañe más ese ecosistema”, sostuvo Recinos.
Igualmente, los voceros de las mesas territoriales de Occidente, coincidieron en la depredación del medio ambiente y la sobre explotación del recurso hídrico sin que el Estado salvadoreño intervenga para impedir que la agroindustria, regantes y ganaderos acaben dejando sin agua para el uso y consumo de la población.
Sara Guardado, de la Mesa por la Sustentabilidad del Agua y Medio Ambiente de la Zona Sur de Ahuachapán (MESAMA), señaló que la problemática del medio ambiente tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres que no solo genera pérdida de medios de vida, si no también el desplazamiento forzado de los territorios.
Mientras, se vende a nivel publicitario el “turismo y de implementar nuevas fuentes de empleo”, las que cuestionó Guardado, porque estos proyectos están interviniendo en el ciclo de los bosques dulces y salados, bajando el caudal de los ríos y otros cuerpos de agua. Los que son vitales para la subsistencia de los comunitarios de la zona.
“En occidente estamos viviendo en el llamado -corredor seco- pero también compartimos cercanías con el Área de Conservación Barra de Santiago-El Imposible, contamos con ese humedal muy importante no solo para El Salvador, también la región centroamericana por ser un Sitio Ramsar, al que están depredando a través del turismo”, indicó.
“Somos testigos que están lotificando áreas del Estado, lo que provoca que las comunidades entremos en conflictividad por esta invasión, y como defensores o defensoras estamos realizando el trabajo que le corresponde al gobierno y esta conflictividad territorial tiene -desplazamiento forzado- es una cadena de situaciones que se pueden evitar si se aplica la ley ambiental”, aseguró Guardado.
De la misma forma se pronunció Manuel Alfredo Guevara, líder comunitario, presidente de ASPROFEMA, Sonsonate, quien realizó un llamado al gobierno del presidente Nayib Bukele, a fin de regular y dar protección a los recursos naturales del país.
“Le hacemos un llamado al gobierno a proteger esos recursos naturales que permiten la sobrevivencia de la población rural que vive con escasos recursos económicos. Le pedimos que pare la explotación de los bienes comunes y que regulen la contaminación por agrotóxicos que contamina el agua, que pese a saber que no es apta para el consumo humano la utilizamos en las comunidades”, manifestó.
“La gobernanza, regulación y la aplicación de la ley, queremos que no la aplique solo a las personas de bajos recursos económicos. Somos los que pagamos los platos rotos de toda la problemática que provocan las grandes empresas y la industria por la caña de azúcar y los pastizales con las ganaderías”, expuso Guevara.
Enrique Carías Morán, representante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco, Sonsonate, reiteró que mantendrán su lucha que lleva 19 años en defensa e integridad del río Sensunapan (Abuelo Río). Mientras, los ministerios de Medio Ambiente (MARN) y Cultura (MICULTURA) que cumplan con las sentencias dictadas por el Tribunal Ambiental de proteger los ecosistemas y preservar los lugares sagrados de esta población.
“No pueden ellos negar nada, porque llevamos a sus representantes (ministerios) a estos lugares sagrados -y ellos mismos- dijeron que no habían dado permiso para construir la hidroeléctrica. Ellos afirmaron visibilizar el daño y abuso al río y los sitios sagrados”, sostuvo.
“Esos permisos -que entregaron- no les daban a las empresas el derecho a destruir y afectar al río Sensunapan. Esto no lo pueden negar porque somos testigos de sus declaraciones en esas visitas. Y solo nos han traído con promesas y promesas”, reprochó Carías.
Las organizaciones comunitarias y Pueblos Indígenas, exigieron gobierno del presidente Nayib Bukele, a que prohiba el monocultivo de la caña de azúcar en zonas de recarga hídrica y al Ministerio de Cultura, a salvaguardar el patrimonio cultural tangible e intangible vinculado a los Pueblos Indígenas.
Mientras, a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) la invitan a evaluar, con base a prioridades ambientales y comunitarias, las autorizaciones o permisos para el uso del agua. Y a la Asamblea Legislativa le piden aprobar una Ley de Cambio Climático, que garantice la protección de las cuencas para su recuperación.
“Es por esto que estamos expresando este día nuestra preocupación por los ríos del país”, manifestó Alejandro Labrador, técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que acompaña a las comunidades y Pueblos Indígenas, en la reivindicación de los derechos ambientales.
“Las aguas superficiales y subterráneas se encuentran en un estado alarmante de contaminación, destrucción y de amenazas que podrían llevar a extinguirse a estos ríos en los próximo 100 años. Incluso, el río Lempa, que es considerado -la arteria aorta- de abastecimiento de agua en el país podría desaparecer por la grave afectación y explotación desmedida”, argumentó.
Sobre esta situación de contaminación y sobre explotación de los ríos, Labrador, consideró que era una realidad irrefutable que en El Salvador no existía ningún río o cuerpo de aguas superficiales que gocen de potabilidad, y solo este aspecto marcaba una crisis hídrica.
“Toda el agua de estos ríos o fuentes debe ser tratada y purificada con mecanismos más complejos. No existe ningún punto de medición en donde el agua nos permita decir que es agua apta para consumo seguro o usada para usos domésticos ante los niveles de contaminación excedente”, declaró.
“Hay otro porcentaje de ríos (79%) que están siendo sometidos a procesos de recuperación o saneamiento, otros están en un proceso de recuperación paulatina y escasamente sobreviven (30%), no queda más que decir, ante este escenario que las aguas superficiales agonizan en este país, y que complican la vida de las poblaciones menos favorecidas con acceso el agua en calidad y cantidad”, puntualizó Labrador.
