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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Sonia Gutiérrez, originaria del cantón San Isidro, del municipio de Izalco, Sonsonate, explicó que la presencia de su comunidad ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales era para buscar conjuntamente una solución a las quemas de caña de azúcar que pone en riesgo la salud de la población y la preservación de sus cultivos familiares y la fauna silvestre.
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos acompañaron a diversas comunidades del territorio nacional que enfrentan cada año, esta problemática que genera la zafra. En el marco de la campaña “Azúcar Amarga”, Voces en la Frontera, CRIPDES, UCRES, UNES, FESPAD y METSUTSO entregaron una carta dirigida al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en busca de una solución “urgente” para esta población.
“La quema de los cañales es un completo desastre para nuestra madre tierra, porque hay un estrés hídrico, porque nuestros mantos acuíferos se están debilitando”, dijo.
“Nuestros niños y ancianos están con enfermedades respiratorias porque el humo también contamina el medio ambiente y es por esto, que como organizaciones comunitarias a nivel nacional, pedimos al ministro que vaya al campo y verifique los daños que están ocasionando”, expresó Gutiérrez.
Las quemas de este cultivo en la preparación de una nueva cosecha, se encuentra vinculada también a los incendios forestales, añadió Norma Mejía, de la Red Uniendo Manos de El Salvador, al mencionar datos oficiales del año pasado que registró 44 incendios forestales.
“Estos 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio, y que según el Ministerio de Gobernación el 95% de estos fueron provocados, pero la respuesta de las autoridades siempre es reactiva, y no una gestión preventiva como la aplicación efectiva de la ley y la vigilancia oportuna para evitar la quema de cultivos especialmente la de caña de azúcar”, afirmó Mejía.
La problemática de la quema de la caña de azúcar es relevante por la amplitud de estos cultivos que según el sector exportador reportan que existen 79, 575 hectáreas que equivalen a 113,559 manzanas cosechadas de este monocultivo, que significa para los cañeros 70 toneladas de azúcar por hectárea.
“Las quemas son realizadas por los productores de caña de azúcar, violentando el artículo 262 A del Código Penal, que prohíbe la quema de cualquier cultivo. Y esta ilegalidad es continuamente denunciada por las comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, pero la agroindustria azucarera afirma que no son ellos los responsables, pero es una mentira porque estos siniestros ocurren en el tiempo de la zafra”, argumentó Mejía.
Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, señaló que la institucionalidad no genera las condiciones para prohibir este tipo de hechos que exponen al riesgo de salud y alimentación de los pobladores que circunda el monocultivo de la caña de azúcar.
“Tenemos una Fiscalía General de la República que no es oportuna en su trabajo y no activa sus mecanismos para evitar este tipo de hechos; tenemos también una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que no se pronuncia sobre estos temas, bueno es una institucionalidad muy débil”, afirmó.
“El Estado salvadoreño también tiene un problema serio con leyes ambiguas, en donde el mayor afectado es el medio ambiente y las comunidades que están alrededor de este monocultivo de la caña de azúcar y, específicamente, las quemas o las fumigaciones contaminantes, y es por esto, que acompañamos a las comunidades”, sostuvo Flores.
Sobre el desempeño del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Flores agregó que es el principal rector para regular y monitorear este tipo de problemas, pero al contrario solo ha mostrado una inactividad que raya en la invisibilización de sus deberes constitucionales.
“Cuando hacen esas quemas de los cañales, a las familias nos toca salir huyendo, porque los cultivos de caña de azúcar están a metros de nuestras viviendas”, señaló Sonia Guadalupe Hernández, lideresa de las comunidades del Bajo Lempa, San Vicente.
“La forma indiscriminada con la que matan a nuestra fauna silvestre, la contaminación al medio ambiente, se convierten en pérdidas grandísimas y no hay reparación a eso. Por esto, vengo a denunciar las malas prácticas que realizan, porque en Tecoluca existe una ordenanza ambiental que no la toman en cuenta y no es justo”, consideró.
“Hay una gran afectación a la salud, tenemos cientos de casos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC), solo en el año 2021 tuvimos alrededor de 15 casos de personas que fallecieron por esta enfermedad. Y en una comunidad habían cuatro familias afectadas, porque murieron sus familiares de una forma rápida en una semana… realmente esto no lo podemos seguir tolerando”, reafirmó Hernández.
En la carta que fue entregada a funcionarios de gobiernos por una comisión de mujeres de las comunidades, exige al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) un rol más activo y protagónico para esforzarse en prohibir concretamente la quema del monocultivo de la caña de azúcar.
Mientras, a la Fiscalía General de la República, la petición es que investigue de oficio la denuncia de las comunidades y proceda contra los responsables que faltan a la ley de Medio Ambiente, y se termine la práctica de incendios forestales que provoca las quemas de caña de azúcar.
Y para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), le solicitaron “retomar el rumbo” en el sentido de acompañar a los afectados por este tipo de prácticas que violenta abiertamente los derechos humanos de las comunidades y los derechos del medio ambiente a nivel nacional.
