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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Valle El Ángel es una microcuenca, donde tomamos agua para nuestras casas y tenemos temor de que esos recursos sean afectados, impactando las comunidades de Apopa y Nejapa. Ese proyecto urbanístico va a tener, también, un centro comercial. Y nosotros de escasos recursos económicos ¿cómo quedaríamos? Lo que necesitamos es que esos recursos naturales continúen vivos, porque no son unas cuantas comunidades. Son municipios completos que seremos afectados”, expresó Irma Jiménez, en la marcha Salvemos Valle El Ángel.
El Colectivo Salvemos Valle El Ángel, el Foro del Agua, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y comunidades de los municipios de Apopa realizaron una marcha, para entregar a la Corte Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa documentación para solicitar que la empresa constructora Urbánica cancele la construcción del complejo habitacional en Valle El Ángel, que afectaría el afluente del río Chacalapa.
Santiago Rodríguez (Iglesia Luterana Salvadoreña) afirmó que existe una “clara y sistemática realidad de exclusión social”, que viene solamente a reafirmar las condiciones de vulnerabilidad en las que vive la población, la que se eleva con megaproyectos que afectan el medio ambiente.
“No es el único proyecto, hay otros del pasado que han impactado los mantos acuíferos y como tal, a las personas. Sabemos que hay otros que están en lista, otros ejecutándose. Pero a este, que le decimos el -mounstro- que es de la empresa constructora de la familia Dueñas, va a intervenir más de 500 manzanas en la zona”, señaló Rodríguez.
Con respecto a este tipo de proyectos y desarrollo versus la calidad de vida de las personas, Rodríguez agregó que hay confusión desde las instancias de Gobierno y los propietarios de los medios de producción, sobre el significado de progreso y derechos humanos, así como los intereses particulares de enriquecimiento y la preservación de un medio ambiente sano. “Las comunidades y nosotros como organizaciones que los acompañamos, queremos que esa zona sea declarada -Área Natural Protegida- toda la zona Sur del volcán de San Salvador. Es por esto que vamos a la Asamblea Legislativa, para que conforme una comisión especial, para que investiguen la petición y lo decreten contra esos proyectos que están terminando prácticamente con los mantos acuíferos al Norte de San Salvador. A la Corte Suprema de Justicia solicitamos que declare inconstitucional el Convenio que firmó ANDA y la familia Dueñas en el año 2016, que le garantiza a los Dueñas 200 litros de agua por segundo, de los acuíferos de Opico que son convenios que favorecen solamente a las grandes empresas a corto y largo plazo”, sostuvo.
“Estamos claros, la política es pasar sobre la Ley de Medio Ambiente”, expresó Carlos Flores, de ECOS-Foro del Agua, al opinar sobre el lineamiento en materia de medio ambiente del presidente Nayib Bukele, al que señaló como beneficiador de las empresas. “No nos extrañan las declaraciones del ministro de Medio Ambiente (MARN) Fernando López, que de hecho nos han negado todo el proceso de información sobre el permiso ambiental a la Familia Dueñas. El problema es que está pasando sobre la Ley de Medio Ambiente, está pasando sobre el proceso de consulta pública y no ha tomado en cuenta las observaciones que hicieron más de cinco mil personas, de las que serán afectadas con este proyecto, porque no fueron tomadas en cuenta”, explicó Flores.
Con relación a las declaraciones del ministro del MARN, que no detendrán el desarrollo, Flores agregó que no es esa la intención, sino suspender la obra en Valle El Ángel, porque es un proyecto dañino para la población. “No podemos pensar que el beneficio de los Dueñas es el beneficio de la población en general. Los Dueñas van a ganar 2 mil millones con ese proyecto urbanístico, y la gente del área del San Salvador vamos a perder salud, agua y calidad de vida con ese proyecto. Y eso se lo dejamos claro al ministro López”, indicó.
Luis González, de UNES-Foro del Agua, declaró que la Ley de Medio Ambiente no es la adecuada actualmente, porque aún registra vacíos legales y faltan otras regulaciones que no se han cumplido de manera adecuada, como Valle El Ángel, que tuvo varias observaciones de los técnicos del MARN y, luego, pasan a la siguiente etapa que es la recepción de fianza que ya fue entregada, pero aún no se conoce si se subsanaron los reparos al proyecto urbanístico.
“Cuando se habló con el ministro (Fernando López) sobre 5,000 cartas con información técnica-científica de afectación al lugar, nos damos cuenta que no las había leído. Nos damos cuenta de la negligencia del funcionario que ya se reunió con la familia Dueñas, o sea, las cartas de la gente ni las tomaron en cuenta, es lamentable. Ya tenemos un recurso en la Corte Suprema de Justicia y otras instancias y no han dado respuesta. Sin duda, la jurisdicción internacional señala que se puede acceder cuando se han agotado las instancias nacionales, lo estamos contemplando, porque no hemos obtenido pronta, ni cumplida justicia y ante el retardo de justicia podríamos optar a nivel internacional y no solo para este conflicto del agua”, indicó.
El Colectivo Salvemos Valle El Ángel rechazó la manera “fraudulenta y poco transparente” de los procesos y los permisos ambientales e hicieron un llamado urgente a la Asamblea Legislativa a que apruebe la Ley General de Agua y Saneamiento, dentro de un marco legal y constitucional, que cuente con una visión de derechos humanos y participación ciudadana. Llamaron a la población en general a empoderarse y defender el derecho humano al agua, tomando conciencia que la supervivencia a futuro demanda de una sociedad organizada que rescate y restaure sus bienes naturales.
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