Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Representantes de las comunidades de los municipios de Santa Ana, Metapán, Santa Rosa de Lima, llobasco, San Isidro, Chilanga y Santa Marta, en coordinación con la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (REDCAT), realizaron hoy un encuentro nacional donde se expuso las afectaciones y amenazadas por la explotación minera metálica en El Salvador.
La preocupación de las comunidades se debe a la ausencia ambiental en la gestión gubernamental, que se expresa principalmente en la ejecución de mega proyectos de infraestructura que, por su propia naturaleza, son depredadoras del medio ambiente.
Las comunidades recordaron que el pasado 29 de marzo se cumplieron 6 años de haberse aprobado la ley de prohibición de la minería metálica en el país; sin embargo, “es una ley que no se cumple”.
Edgardo Mira, de REDCAT, planteó que El Salvador se encuentra en un momento delicado en el tema de la minería, pues, el actual gobierno ha adoptado un conjunto de acciones encaminadas a revertir la ley de prohibición de la minería metálica y, por consiguiente, abrir al país a la explotación minera.
Por ejemplo, la incorporación de El Salvador al Foro Gubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible-IGF, la Ley General para la Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, la aprobación de la Ley de Expropiación y de Ocupación de bienes por el Estado, estas, para las comunidades son parte de ese conjunto de acciones.
Mira planteó que, en los territorios, se observa la presencia de profesionales y trabajadores en general, relacionados a empresas mineras, que ya en el pasado han expresado su interés por explotar los bienes naturales.
En el encuentro, los líderes pidieron al Estado que realice las gestiones necesarias a fin de evitar la explotación del proyecto minero Cerro Blanco, que se inicie de inmediato las negociaciones por un tratado sobre aguas transfronterizas con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad y de participación real de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
