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Comunidades indígenas conmemoran masacres cometidas por FAES

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Integrantes de la Asociación Nacional Indígena «Madre Tierra de El Salvador» realizaron una ceremonia en la Plaza Gerardo Barrios en el centro de San Salvador para conmemorar la masacre de 1932 en el occidente del país y la masacre de 1983 ocurrida en el cantón Las Hojas, Sonsonate.

“El 22 de enero de 1932, es cuando inicia uno de los peores crímenes en contra de la población indígenas campesina. El occidente del país es el escenario de la masacre impulsada por el General Martínez, la oligarquía y los terratenientes”, inicia el posicionamiento de la comunidad indígena.

Es de recordar que el levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla de protesta popular e insurrección que acabó en un etnocidio. Se calcula un aproximado de 30 mil víctimas y hasta el día de hoy este hecho se mantiene en impunidad.

Otra fecha que marcó a la comunidad indígena fue el 22 de febrero de 1983, pues un aproximado de 74 personas fueron asesinadas por miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el Cantón Las Hojas, del municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate.

Las naciones náhuatl, lencas y mayas demandaron y exigieron al Estado salvadoreño que cumpla con lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado salvadoreño realice una exhaustiva, rápida, completa e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a todas las víctimas y a los responsables; y someterlos a la justicia para establecer la responsabilidad a fin de que reciban las sanciones que tan grave proceder exige.

Que el Estado adopte medidas necesarias para impedir la comisión de hechos similares en lo sucesivo y repare las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de los derechos.

Pidieron que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Que se legisle y se apruebe una ley que regule y proteja las garantías y derechos fundamentales de la población indígena.

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