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Por Oscar Núñez
San José/AFP
Comunidades de Centroamérica y México, en su mayoría indígenas o afrodescendientes, han empezado a organizarse para defender sus tierras de la infiltración del narcotráfico, que ha tomado los bosques de la región como nueva ruta para el transporte de drogas, revelaron
este martes expertos que participan en un foro en San José.
«En los últimos cinco años las bandas del crimen organizado han abierto nuevas rutas para el tráfico de drogas, en un corredor a lo largo del Parque Nacional de Darién, en Panamá, hasta la ‘porosa’ frontera que separa a México de Texas», señala un estudio elaborado por el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma).
«Pero las comunidades indígenas están encontrando maneras de combatir a los narcotraficantes», según este estudio que fue dado a conocer por sus autores en conferencia de prensa, en el marco del IV Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas que se inaugura este martes en San José.
El tema forma parte de la extensa agenda que discuten durante esta semana funcionarios, organizaciones no gubernamentales y representaciones de pueblos originarios de la región.
En varias de las zonas protegidas de Mesoamérica, las comunidades han creado sistemas de monitoreo para detectar el ingreso de extraños a sus bosques y mantienen contacto telefónico o por radio con las autoridades locales, explicó Andrew Davis, uno de los autores del estudio.
Según la investigación, las áreas protegidas que cuentan con comunidades organizadas en su defensa registran menores índices de deforestación; en contraste con aquellas donde no existen tales comunidades y el bosque se ha venido eliminando con fines agrícolas, ganaderos o de explotación maderera.
El «Wild Wild West» en Centroamérica
«Las remotas y grandes extensiones de bosque en Centroamérica corren el riesgo de convertirse en un «salvaje oeste» donde los narcotraficantes se abren camino y destruyen el medio ambiente que las comunidades indígenas han protegido y que les brindan sus medios de subsistencia», afirmó Kendra McSweeny coautora del estudio.
Las mafias organizadas arrasan los bosques para construir sus pistas clandestinas de aterrizaje, hacer sembradíos de marihuana o montar proyectos agrícolas o ganaderos que les sirven para lavar el dinero producto del tráfico de drogas, afirmó la investigadora.
«Los narcotraficantes han entrado en la escena en un momento en que las comunidades indígenas ya tienen una experiencia en la defensa de sus bosques ante la amenaza de destrucción que representan obras a gran escala, como las represas hidroelécricas, la minería o la industria maderera, señaló McSweeney.
Sin embargo, una actitud de resistencia no podrá desarrollarse en comunidades originarias que tienen poco o nulo reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, señala el informe.
«Ese reconocimiento le da a las comunidades un poderoso incentivo para manejar activamente y sosteniblemente sus territorios, ya que están defendiendo un activo a largo plazo y que es esencial para su supervivencia», según Andrew Davis.
Casos destacados en Centroamérica
Pruebas de esta afirmación son las comunidades indígenas de El Petén, dentro de la Reserva de la Biósfera Maya en el norte de Guatemala.
En estos bosques se reporta bajos niveles de tráfico de droga y crimen organizado, «en alto contraste con las tierras de nadie deforestadas y con alta infiltración del narcotráfico», puntualizó el experto.
Otra experiencias notables son las del pueblo garífuna hondureño, en el sector de Vallecito, que han logrado controlar la acción de los traficantes y recuperar sus tierras a punta de protestas públicas, reclamos judiciales y «mucho coraje».
Los indígenas bri-bri de Costa Rica, en las montañas del Caribe sur, mantienen un activo sistema de vigilancia y en un par de ocasiones han logrado frenar, mediante denuncias públicas, los intentos de los narcotraficantes de instalarse en sus tierras.
Informes recientes indican que los cárteles del narcotráfico han establecido nuevos corredores para el transporte de drogas por las zonas de bosque costero del istmo, tratando de eludir la fuerte vigilancia que mantiene Estados Unidos -en asociación con las autoridades regionales- en ambos oceános.
Según informes oficiales de Washington, el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa por Centroamérica y México.
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