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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Integrantes de la Asociación Nacional Indígena “Madre Tierra de El Salvador” realizaron una ceremonia en la Plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, para conmemorar la masacre de 1932 en el occidente del país y la masacre de 1983 ocurrida en el cantón Las Hojas, Sonsonate.
“El 22 de enero de 1932 es cuando inicia uno de los peores crímenes en contra de la población indígenas campesina. El occidente del país es el escenario de la masacre impulsada por el General Martínez, la oligarquía y los terratenientes”, inicia el posicionamiento de la comunidad indígena frente una plaza histórica por las luchas sociales.
Es de recordar que el levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla de protesta popular e insurrección que acabó en un etnocidio. Se calcula un aproximado de 30 mil víctimas y hasta el día de hoy este hecho se mantiene en impunidad. Justamente, el Estado Salvadoreño por medio de los gobiernos no ejecutaron acciones para reparar el daño causado. “Nuestra población fue casi aniquilada por completo y arrebatada de sus tierras”, dicen las comunidades indígenas.
Para esta comunidad, el Estado, a través de la masacre, quiso finalizar con la cultura ancestral, espiritualidad, idioma, identidad y organización. “Sin embargo, no lo consiguieron porque seguimos resistiendo y luchando”, subrayaron.
Otra fecha que marcó a la comunidad indígena fue el 22 de febrero de 1983, pues un aproximado de 74 personas fueron asesinadas por miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el Cantón Las Hojas, del municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate.
“Nuestros hermanos fueron asesinados a quemarropa, con armas de fuego. Esta masacre fue hecha premeditadamente por el ejército con la colaboración de las que en aquel entonces se denominaban defensas civiles. Sobre este acontecimiento el Gobierno de El Salvador no ha logrado llevar a cabo ningún proceso jurídico eficaz contra de los elementos de sus fuerzas implicados en la masacre, por tanto, esta masacre continúa en la impunidad”, lamentaron las comunidades indígenas.
Las naciones náhuatl, lencas y mayas demandaron y exigieron del Estado salvadoreño que cumpla con lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado salvadoreño realice una exhaustiva, rápida, completa e imparcial investigación sobre los hechos denunciados, a fin de identificar a todas las víctimas y a los responsables; y someterlos a la justicia para establecer la responsabilidad a fin de que reciban las sanciones que tan grave proceder exige.
También, que el Estado adopte medidas necesarias para impedir la comisión de hechos similares en lo sucesivo y repare las consecuencias de la situación que ha configurado la vulneración de los derechos.
Pidieron que el Estado salvadoreño ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Que se legisle y se apruebe un ley que regule y proteja las garantías y derechos fundamentales de la población indígena.
Pidieron también, que se finalice las violaciones a derechos humanos que se cometen durante el régimen de excepción, ya que ha impactado directamente en la población que nada tienen que ver con pandillas, los cuales han sido encarcelados, “podríamos decir secuestrados, ya que sobre nuestros parientes no tenemos noticias, no sabemos en cual centro penitenciario están, de igual manera desconocemos su estado de salud, y peor si están muertos y enterrados en alguna fosa común”.
En contexto, el hijo del líder indígena Silverio Morales, Levi Morales, fue aprehendido el 11 de noviembre de 2022, en el contexto del régimen de excepción sin tener vínculos con estructuras criminales; en noviembre del año pasado, Levi Morales, obtuvo su carta de libertad, días después fue liberado e inmediatamente capturado nuevamente bajo el régimen de excepción.
El artículo 12 de la Constitución de la República dice que “toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar (…)”. A Levi Morales, como al resto de inocentes, no se les ha comprobado un delito alguno, pese a ello, ha estado más de un año en prisión.
Pidieron a los organismos internacionales como la ONU, OEA, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y demás organismos que tutelan los derechos humanos a estar atentos y actuar con prontitud ante todos los abusos que se están cometiendo con la población indígena por parte del Estado salvadoreño.
Finalmente, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y su titular Raquel Caballero de Guevara para que se les atiendan en una mesa de diálogo para ser escuchados con respecto al caso de la masacre de Las Hojas y por las afectaciones del régimen de excepción en sus comunidades.
