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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Las recurrentes denuncias y protestas en rechazo de la construcción de la represa Sensunapán 2, en Sonsonate, llegaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en una carta y más de mil firma en oposición al proyecto hidroeléctrico, que según los afectados impactaría en la sobrevivencia de la población.
El Movimiento Occidental por el Hábitat (MOHA) entregó una carta al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, en la que explican que, desde el año 2019, los habitantes del caserío Sisimetepec solicitaron apoyo ante la inminente amenaza a su derecho humano al agua, por la construcción de la octava represa en el río Sensunapán.
Ana Cecilia García afirmó que la carta es una denuncia y esperan contrarrestar, de la población de Nahuizalco, Sonsonate, ante la pretensión de construir de una pequeña hidroeléctrica de Nuevo Nahuizalco II, donde se ha presentado al gobierno local un documento que afirma que no hay población indígena en la zona.
“Esto es una ofensa para nosotros, que se nos niegue e invisibilize, como joven y mujer en Nahuizalco, hay comunidades indígenas; por lo tanto, es violación a nuestros derechos y con este proyecto de la hidroeléctrica aumenta la precariedad de todos los que habitamos este municipio”, afirmó.
Asimismo, señaló que es necesario se conozca públicamente sobre la definición, extensión o alcances de la obra hidroeléctrica, por el impacto ambiental, como a las poblaciones que tendrían que enfrentarlas.
Asimismo, Salvador Recinos -Movimiento Tacushcalco y la UNES- señaló que es una protesta ciudadana por la construcción de la represa Nueva Nahuizalco II, de la que la empresa Sensunapán S.A. de C.V. que lidera la obra, y esperan recibir un permiso para la construcción de la obra.
“Sabemos que la empresa cuenta con el espaldarazo del ministro Fernando López, que de manera irresponsable ha autorizado en el marco de la pandemia del coronavirus que se haga una consulta pública. Entonces, le entregamos este día 1,600 firmas de diversas comunidades Puxtlan, Loma del Muerto y otras, que se han recolectado para oponernos a la octava represa en el río Sensunapán”, acotó.
Hicieron un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, y al ministro Fernando López, para dar marcha atrás y no aprobar este proyecto invasivo que vulnera el medioambiente y los medios de vida de la población.
“Esto traería una crisis a los derechos fundamentales de la población indígena como la salud, medio ambiente y cultura; en ese sentido, esperamos que el procurador Apolonio Tobar emita las medidas cautelares a este proceso de consulta pública, que ha sido ejecutado de manera irresponsable y que también emita las mismas medidas al proyecto de la hidroeléctrica, por la vulneración de derechos elementales e indígenas que pone en riesgo cinco sitios sagrados identificados por la población indígena”, aseguró.
Las organizaciones señalaron que los amparan cuerpos de leyes, como la Ley de Cultura, una ordenanza municipal para los derechos humanos de los pueblos indígenas de Nahuizalco y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aborda el tema del “Consentimiento libre, previo e informado”, e hicieron un llamado al Tribunal Ambiental de Occidente, para que aplique medidas cautelares a partir de la Ley de Medio Ambiente, y al proyecto general por representar una amenaza a los recursos naturales y la vida de las personas en la zona.
