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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La marcha de diferentes comunidades y organizaciones ambientalistas, mujeres y derechos humanos, esperó infructuosamente que los diputados de la oficina departamental de la Asamblea Legislativa, en Sonsonate, recibiera una carta con peticiones concretas para subsanar los vacíos de la actual Ley General de Recursos Hídricos.
El cierre de los portones y la negativa de recibir a la población que votó por ellos para legislar en beneficio de la población, dejó un “mal sabor de boca”, que se avecina en la defensa por garantizar el derecho humano del agua.
“Nos retiramos, no porque estemos vencidos, sino por todos ustedes que están expuestos en la calle”, dijo Orfidia Arévalo, de la SENSUNAT.
La carta fue entregada simbólicamente a representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes retomarán el trámite de la correspondencia ante la oficina departamental legislativa en las próximas horas.
“Esto que han hecho es un atropello al derecho humano que tenemos como ciudadanos al agua. Y vamos a tener una respuesta después que la PDDH, entregue el documento, con quienes hemos coordinado el registro de esta acción, nuestra resistencia y la defensa de nuestros derechos”, acotó Arévalo.
Sobre la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada el pasado 22 de diciembre 2021, por la mayoría de los legisladores oficialistas de Nuevas Ideas y partidos afines, designaron la “Autoridad Salvadoreña del Agua” (ASA), que será la responsable de administrar y controlar el uso y saneamiento del agua en el país.
No obstante, las comunidades que residen en zonas de vulnerabilidad ambiental, social y económica, han tomado con recelo los enunciados de la Ley Hídrica, ante el anuncio del pago de cánones por considerar que no hay una explicación clara dentro de la ley misma.
Para Magdalena Cortez, directora de la Fundación Maquilishuat (FUMA), y miembros de la MESUTSO, indicó que la nueva ley deja entrever la privatización del agua o el uso del agua con mayor potencialidad a las grandes empresas y no para el uso doméstico de las comunidades.
“Existe la preocupación porque pese a toda la discusión que se hizo en la comisión especial, que pese a la presencia de representantes de la Junta de Aguas que expresaron su preocupación y planteamiento hay varios aspectos que generan dudas”, afirmó Cortez.
“Es que hay un enunciado que reconoce los derechos humanos, pero hay otro elemento que da concesión, sobre todo, a las grandes empresas con cantidades importantes de agua y con amplias fechas de explotación del recurso hídrico y todo esto preocupa a las comunidades”, reiteró Cortez.
La presencia de los pueblos indígenas de Nahuizalco, Santa Catarina Masahuat y Santo Domingo de Guzmán, Sonzacate y Sonsonate, son comunidades que han tenido grandes luchas sociales por el agua y los bienes naturales que por derecho les corresponden, indicó Magdalena Cortez, y que por tanto los iban acompañar.
