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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Líderes de comunidades de la zona norte del departamento de San Vicente, que se han organizado contra las pandillas y en defensa de su territorio, denuncia una creciente campaña de persecución de la que están siendo objeto de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la División Central de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Estas comunidades se organizaron y han puesto en ejecución un operativo permanente de control territorial en sectores de San Esteban Catarina, luego que a mediados de 2012, un grupo de 14 familias vinculadas a la mara 18 llegaron a usurpar una propiedad municipal en el cantón Cerros de San Pedro, aseguran los denunciantes.
“Nuestras comunidades están organizadas para mantener el control del territorio e impedir la infiltración de las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado, y en coordinación con la PNC logramos establecer estrictas reglas de vigilancia que nos rigen para mantener el control sobre la población desconocida que se desplaza o se ubica en nuestras comunidades”, explican los denunciantes en una denuncia enviada al fiscal general de la República, Douglas Meléndez; a la Procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara; al Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y a la Corte Suprema de Justicia.
Los pandilleros, provenientes del municipio de Rosario de Mora, San Salvador, se instalaron a la fuerza en el lugar, con intención de tomar el control de la zona, aseguraron líderes comunales.
ante las pandillas de San Esteban Catarina, presentan la denuncia ante la CSJ.
Foto Diario
Co Latino/ Ricardo
Chicas Segura
Según los dirigentes comunitarios, las 14 familias en mención, “desde su llegada no quisieron incorporarse al sistema de control de la comunidad, y se dedicaron a realizar acciones hostiles en contra de los habitantes que ya se encontraban ubicados en el referido cantón y acciones vandálicas como asalto a mano armada a comerciantes que llegaban a vender a la zona”.
La persecución a los líderes comunitarios comenzó luego de una serie de graves sucesos ocurridos el 23 de agosto de 2015 entre los formados Comités de Defensa Comunitarios y los pandilleros y sus familias, que dejaron como resultado dos mareros fallecidos, aseguran los pobladores de cantones como Cerros de San Pedro, San Ildefonso y La Burrera, entre otros.
En esa fecha, aseguran los pobladores, los cabecillas de la estructura criminal llegaron a eso de las 7:00 de la noche a amenazar de muerte a los integrantes de las comunidades organizadas del cantón Cerros de San Pedro.
Aproximadamente una hora después, los sujetos llegaron armados y atacaron a los grupos comunitarios de Cerros de San Pedro y del cantón La Burrera que habían llegado a darles apoyo, explican en el documento dirigido a las instituciones de justicia.
Los habitantes se defendieron, pero producto del enfrentamiento hubo dos pandilleros fallecidos, muertes cuya responsabilidad nunca se comprobó que fuera de los pobladores del lugar.
“Son cosas que no tendrían que haber pasado pero por la situación se dio. Sentimos que nuestro esfuerzo, por esa cuestión está siendo muy reprimido” , dijo uno de los miembros de la comunidad.
Investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y la Policía de San Vicente determinaron que los pobladores actuaron en “legítima defensa” y por ello fueron absueltos de cualquier responsabilidad penal, sostiene la denuncia.
Sin embargo, la Fiscalía General se ha mostrado más bien en respaldo de las familias de los pandilleros y mantienen un asedio constante a las zonas donde los pobladores ejercen el control territorial, afirman.
Este acoso, incluso, subió de intensidad el pasado tres de febrero cuando la Policía desarrolló un operativo en horas de la madrugada contra un grupo de personas que estaban en el puesto de vigilancia de la comunidad del cantón Amatitán Arriba.
Similares operativos se desarrollaron contra los puestos de vigilancia de los cantones La Burrera y el cantón las Guayabillas.
Además de ello, dicen los denunciantes, la FGR ha centrado su persecución en 11 defensores de las comunidades a quienes las familias de las pandillas responsabilizan de la muerte de sus dos parientes.
“Rechazamos la actitud que están tomando en nuestras comunidades. Nosotros estamos organizados para apoyar el tema de la seguridad. Creemos que nadie más que las comunidades podemos tener el control, aunque no autoritariamente, para evitar todas las situaciones que se están dando en otros lugares, como el saqueo de las escuelas y robos de ganado”, señaló el representante de la comunidad.
“Sabemos que no somos la autoridad correspondiente para brindar seguridad, pero eso no implica, que como comunidad no podamos organizarnos para prevenir estas situaciones”, agregó.
Las comunidades han pedido a Meléndez que “anteponga sus buenos oficios para que cesen de inmediato la desestabilización política” que dicen estar sufriendo las comunidades en la zona Norte del departamento de San Vicente y cese la persecución policial en contra de las 11 personas que han sido involucradas “de la manera más injusta”, en esos hechos y se les absuelva de toda responsabilidad penal.
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