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@AlmaCoLatino
Diferentes comunidades de los distritos del municipio de San Salvador se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para mostrar su rechazo al actuar de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, por seguir lineamientos de la derecha, con lo cual se pretende desestabilizar el país.
“Estamos aquí para exigirle a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional cesen la represión contra el Gobierno, ya que las inconstitucionalidades están teñidas de ideología de ultra derecha, que solo siguen lineamientos del partido ARENA, Aliados por la Paz y Fusades. Estamos diciendo un basta ya”, indicó Jaime Flores, representante de las comunidades del distrito 5 de San Jacinto.
Según Flores, se hará una lucha permanente contra los cuatro magistrados, porque los sabotajes de inconstitucionalidad tienen matices de desestabilización contra el Gobierno central, que lleva proyectos en beneficio de la clase más pobre del país, se han empecinado en boicotear el trabajo social que impulsa el Presidente Salvador Sánchez Cerén y su gabinete de gobierno.
Una de las principales preocupaciones de las comunidades es la seguridad del país, donde el Gobierno debe tener recursos para equipar al ejército y la Policía, porque las pandillas están transnacionalizadas con apoyo de la derecha.
Asimismo, los manifestantes exigieron el reinstalo inmediato de los diputados suplentes en la Asamblea Legislativa, ya que es considerado un sabotaje, “porque entonces los magistrados deben hacer una sentencia de inconstitucionalidad donde tienen que devolver todo el dinero” los diputados suplentes que han antecedido a esta legislatura.
Para el representante de las comunidades, el primer saboteo político que hicieron los magistrados de la Sala de Constitucional fue contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dictaminaron el voto cruzado y así han ido reprimiendo a los partidos que representan a las mayorías populares del país como es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
A criterio de Flores, el último acto de inconstitucionalidad es que los militares involucrados en el asesinato de los jesuitas no sean extraditados a España, donde es notable la contradicción, pues uno de acusados condenado a 30 de prisión por ese delito, tendría que continuar en la cárcel.
