Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Empresas mineras fuera de nuestras fronteras”, grita Vidalina Morales, defensora de ADES Santa Marta, integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y ACAFREMIN, al pronunciarse en nombre de las organizaciones y comunidades en defensa de los bienes naturales de Guatemala y El Salvador.
“Luego de una vigilia (jueves 18) en este lugar, quedó evidenciado que es muy importante para El Salvador y Guatemala la lucha por el lago de Güija, porque es sagrado, porque da vida a los que viven en este lugar y también a nuestro río Lempa”, manifestó Morales.
En la víspera del “Día Mundial de la Tierra”, el 22 de abril, organizaciones ambientalistas y comunidades fronterizas entre Guatemala y El Salvador realizaron una vigilia y se embarcaron en la 4a edición de la Marcha Acuática en las aguas del lago Güija, en demanda del cierre de operaciones de la Mina Cerro Blanco.
El lago de Güija es uno de los afluentes principales del río Lempa, por tanto, ambos cuerpos de agua, que enlazan a Guatemala y El Salvador, han generado la articulación del movimiento social que lucha contra la industria minera metálica, conocida por su alto nivel de contaminación y toxicidad con los ecosistemas y la vida de las personas.
La 4ta marcha acuática partió del caserío Cuevitas, en San Antonio Pajonal, departamento de Santa Ana, convocando al Movimiento Ecofeminista de El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, la Alianza Centroamericana frente a la Minería Metálica (ACAFREMIN). Así como el Comité Permanente Ambientalistas “Laudato Si” de Asunción Mita y el Colectivo Ecologista Madre Selva de Guatemala.
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“Todo proyecto extractivista y minero que esté en la gran cuenca del río Lempa, debe de ser prohibido. Y esa es nuestra batalla, en donde las comunidades, las mujeres, los movimientos sociales y organizaciones nos articulamos para exigir el cierre definitivo de la mina Cerro Blanco”, manifestó Morales.
Defensa de la Casa Común desde las comunidades
Claudia Rodríguez, activista de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES) y Movimiento Ecofeminista de El Salvador, invitó a la población en general, en vísperas del Día de la Tierra, a pronunciarse por un “No rotundo” a cualquier proyecto extractivo que se encuentran en zonas fronterizas.
“No podemos permitir más industrias que se aprovechen de los bienes naturales para abastecer a sus proyectos extractivos, los que al final lo único que dejan es el exterminio de la naturaleza y afectan la vida de las comunidades”, señaló.
“Somos mujeres y hombres dispuestos a luchar por nuestra Casa Común, y decirles a nuestros gobiernos que necesitamos el establecimiento de una mesa de diálogo y participación. A fin de que todas nuestras inquietudes y exigencias sean escuchadas, y que los Estados están obligados a escuchar y garantizar nuestros derechos y que dejen de vender o ceder nuestros bienes naturales”, argumentó Rodríguez.
Sobre la situación en Centroamérica, los colectivos ambientalistas y comunidades reiteraron que existe la urgencia de “rescatar la noción de interdependencia entre comunidades divididas por fronteras políticas”, que por décadas se encuentran inmersas en una crisis ecológica que ha trascendido a una crisis social crónica.
Son causas provenientes de las demandas de un “sistema económico extractivo”, en donde los gobiernos del área son “dóciles” ante las exigencias de las grandes corporaciones que buscan apropiarse de los bienes naturales para productos de consumo del mercado global.
Para tener una vida digna y saludable no sólo se trata de contar con alimentación o soberanía alimentaria, también debemos contar con una Casa Común, saludable y que no sea vendida a proyectos extractivistas como la minería o mega proyectos urbanísticos que comercializan la vida de los pueblos, expresó.
“Nos pronunciamos y exigimos a los gobiernos de El Salvador y Guatemala tomar conciencia de nuestra Casa Común, que esta no se vende, porque son de los pueblos quienes la habitan. Y mucho más importante son quienes la hacen producir y hacen posible la vida y los gobiernos deben cumplir sus obligaciones”, reiteró Rodríguez.
María del Carmen Sifuentes, maestra de profesión e integrante del Comité Permanente Ambientalistas “Laudato Si” de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, reconoció todo el esfuerzo de las organizaciones ambientalistas salvadoreñas que apoyaron al pueblo miteco a defender sus bienes naturales.
“Fui parte del grupo que preparó el Reglamento para la Consulta Municipal de Vecinos en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, en donde se encuentra la mina Cerro Blanco, en donde nos apoyaron a realizar esta consulta ciudadana”, reseñó.
“Ya ustedes saben como fue ese proceso, y sabíamos nosotros desde un principio, que ese gane del -No a la minería- no sería fácil, y que la lucha proseguía, porque no iba a terminar con la consulta de vecinos por parte de la minera”, detalló Sifontes.
De esa experiencia, Sifontes recalcó que su organización, que lleva el nombre de la Encíclica del papa Francisco, que aborda el cuidado de la “Casa Común”, les ha permitido interiorizar que a estos pueblos los unen “lazos muy fuertes en defensa de bienes naturales”, y que las fronteras son sólo ideas impuestas por los gobiernos.
“Hemos estado en ciudad de Guatemala, con el viceministro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el viceministro Energía y Minas, a quienes expusimos la inconformidad y enojo por ese estudio de impacto ambiental que fue autorizado 5 días antes de la salida del gobierno de facto del doctor Giamamttei”, relató. “Sabemos que el Congreso de Guatemala está dividido, y el Ejecutivo no puede aprobar leyes fácilmente, pero este 24 de mayo vence la autorización de licencia a la minería subterránea, porque a ellos les interesa a cielo abierto. Y eso no lo van a conseguir porque nosotros vamos a impedirlo, incluso, con nuestras vidas”, reiteró Sifontes.
Los colectivos de Guatemala y El Salvador también propusieron que el Ministerio Público de Guatemala actué con diligencia para deducir las responsabilidades penales de quienes actuaron a favor de actualizar de forma irregular el Estudio de Impacto Ambiental de la mina Cerro Blanco.
Asimismo, que los gobiernos de Guatemala y El Salvador habiliten con “carácter de urgencia” una Comisión Binacional al más alto nivel, para impedir la minería transfronteriza, y trabajar en la protección de las aguas y cuencas compartidas, a través de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas en Centroamérica.
“Quremos que se prohíba la minería metálica en territorios y cuencas transfronterizas. Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que a más de 16 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa, tributario del lago de Güija y el Río Lempa”, señalaron.
Las organizaciones recordaro que el agua es un bien común, que demuestra claramente la interdependencia de la vida en la región.
Centroamérica cuenta con 23 cuencas internacionales que se extienden sobre más del 40% del territorio y está interconectada por 23 cursos de agua y 18 acuíferos transfronterizos que fluyen sin restricciones fronterizas y garantizan la vida de millones de personas, finalizaron.