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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Yo soy testigo de como se llevaron a 16 personas de las comunidades en donde vivimos, pero en todo el Bajo Lempa (Usulután) se han capturado 111 personas y hemos presentado los Habeas Corpus, como amparo … sin respuesta”, dijo Ana* , del liderazgo del Foro Nacional de Salud (FNS), en su evaluación a un año del régimen de excepción como política de seguridad pública en el país.
Los liderazgos comunitarios de Occidente, Centro y Oriente del país del Foro Nacional de Salud (FNS) y organizaciones de derechos humanos, presentaron su evaluación al cumplirse un año del régimen de excepción que consideraron “limita derechos humanos en El Salvador”.
Ana* reiteró que la situación en los territorios del interior del país, la incertidumbre y el temor marcan el día a día entre las comunidades, ante la falta de detención de prácticas arbitrarias en las capturas e imputación de delitos falsos.
“Solo nos han entregado a 6 o 7 personas de todas las capturadas, que han fallecido. Y que las sacaron del penal solo para quitarse ellos (autoridades penitenciarias) -la mancha de que murió allí adentro- ahí solo la familia los ha tenido que enterrar “, señaló.
“Entonces -le decimos al gobierno- que las personas que las encontraron inocentes ¿Por qué era necesario que los tuvieran allá? , que los atropellaran y golpearan hasta la muerte. Y la familia lastimada y un montón de niños huérfanos y el Estado no está velando por esos niños que quedaron sin sus papás y mamás. Nosotros estamos mal desde esa perspectiva”, sostuvo Ana*.
En su pronunciamiento las organizaciones que integran el Foro Nacional de Salud (FNS), consideraron el Régimen de Excepción, como el “mayor retroceso en materia de derechos humanos”, que solo se compara con la finalización del conflicto armado de las décadas de los años 1970 a 1980 en la historia del país.
La población en el Bajo Lempa, agregó Ana* , vive la “intervención represiva en las comunidades” por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y soldados de la Fuerza Armada (FAES), que termina impactando a familias inocentes.
“No venimos a defender a delincuentes, venimos a pedir que nos den a nuestros jóvenes inocentes y que tienen cartas de libertad, como el caso de Duval (José Duval Mata, de 25 años), que tiene carta de libertad y no lo dieron a su familia y está en Apanteos”.
“Queremos una explicación de porqué no los dan a sus familiares si ya están libres legalmente. Y tampoco es justo que se los vuelven a llevar (al penal) porque sabemos que nadie puede ser juzgado por el mismo delitos dos veces y no es posible que venga de pagar y se lo lleven nuevamente”, sostuvo Ana*.
En cuanto a la salud de las personas que han estado detenidos, comentó que algunas personas salen en estado de desnutrición y una salud deteriorada por la falta de alimentos, medicamentos y un trato humano.
“¿Qué está pasando?, queremos saber eso del Estado, porque cuando se llevaron a los 8 adolescentes estudiantes (Comunidad Amando López) , estuvimos en esa pelea no soltamos prenda hasta que los dieron de regreso gracias a Dios, sino sería otros 8 jóvenes que estuvieran pagando a golpes y no se qué más allá (centro penitenciario), queremos que el Estado garantice nuestros derechos”, reiteran las organizaciones.
Morena Murillo, coordinadora de Foro Nacional de Salud, señaló que el órgano Ejecutivo, que cuenta con el aval de su partido (NI) en la Asamblea Legislativa, para prolongar hasta un año el estado de excepción, ha permitido vulnerar las garantías constitucionales de la población salvadoreña, dejando a la justicia a “merced de las arbitrariedades” y graves violaciones a derechos humanos.
“Durante 12 meses, el Ejecutivo ha utilizado a las fuerzas de seguridad del Estado para implementar una política de terror, represión, persecución y estigmatización en contra de las comunidades históricamente excluidas y vulneradas, acrecentando la crisis de gobernabilidad democrática y de derechos humanos en el país”, sostuvo.
Murillo consideró que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las comunidades que incluyen los derechos de movilidad y organización comunitaria de personas que defienden derechos individuales y colectivos, han sufrido cateos en sus hogares, cercos militares y registro abusivo a sus habitantes.
“Hay estigmatización, persecución y represión sistemática contra los sectores populares de la población. Y el uso del régimen de excepción para reprimir y acallar voces de las personas defensoras de derechos humanos en los territorios”, dijo.
“Existen cerca de 7, 900 denuncias de atropellos y detenciones arbitrarias, sin órdenes de captura, ni garantías del debido proceso, documentadas por organizaciones sociales y la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), así como el abandono de niñas y niños en las comunidades”, prosiguió Murillo.
En cuanto a la situación de las personas privadas de libertad, la activista del FNS consideró que el “hacinamiento extremo” junto a las condiciones deplorables en las prisiones, la falta de atención médica ha provocado, según los registros que han logrado recabar, una cifra de 100 personas que fallecieron al interior de los centros penitenciarios, sin ninguna investigación o esclarecimiento de esos decesos por parte del Estado salvadoreño.
“Estos casos también de las desapariciones forzadas y abusos contra los derechos humanos cometidos por el poder Judicial, durante audiencias masivas que no permiten el derecho a la defensa. Y esto tendrá un impacto con graves repercusiones en la salud mental de la población, así como la destrucción de empleos y el aumento del desplazamiento forzado que solo refuerza la cultura del terror”, puntualizó Murillo.
