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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Asociación Latinoamericana de Medicina Social en El Salvador (ALAMES Margarita Posada) señaló que las verdaderas razones de la captura, injusticias y procesamiento arbitrario contra los cinco líderes de Santa Marta, es para intimidar a la comunidad e impedir su organización para abrir el camino a las empresas mineras.
A criterio de las organizaciones sociales, este acto pone en evidencia que el objetivo del presidente Bukele es instaurar y lucrar junto a estas empresas, un nuevo mecanismo de reproducción de capital, para financiar sus aspiraciones de incorporarse a la oligarquía.
La ambición del presidente y el partido oficialista de Nuevas Ideas ha operado conjuntamente una serie de eventos instrumentalizando la institucionalidad pública de los tres poderes del Estado, para ganarse el favor de las mineras, destinados a revertir el acuerdo nacional concretado en la Ley de Prohibición de la Minería a finales de marzo de 2017.
La Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), a partir de 2005, sumó fuerzas con otras organizaciones como la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, organizaciones ambientales, religiosas, científicas, comunitarias y de todo tipo, que configuraron un amplio consenso nacional, como respuesta a la agresión de la compañía minera canadiense Pacific Rim, en el departamento de Cabañas. La organización y lucha comunitaria generada por ADES tuvo por respuesta la persecución, violencia y asesinatos a los líderes comunitarios, sacerdotes, radios comunitarias y muchos actores más, que se multiplicó durante 2006, 2009, 2010, 2011, precisamente en todas las zonas donde Pacific Rim había iniciado exploraciones, tratando de amedrentar a la población y su organización.
El 11 de enero de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional (PNC) procedieron a la captura y aislamiento de cinco líderes comunitarios y de ADES de Santa Marta, quienes fueron víctimas de acusaciones irreales o sin pruebas, además de grotescas irregularidades del debido proceso. La Fiscalía imputó a los líderes comunitarios el delito, inexistente en este caso, de “asociaciones ilícitas”, argumentando pertenencia de los capturados a “agrupaciones delictivas” como la RN, las FPL y el FMLN, invisibilizando que todas ellas tuvieron un estatus legal como parte beligerante en el conflicto armado, como contraparte en las discusiones de paz con funcionarios estatales ante el arbitraje internacional y su desempeño posterior como partidos políticos legalmente reconocidos.
Durante el Estado de Excepción, que ya lleva 13 meses de implementado, se ha irrespetado el debido proceso y la presunción de inocencia, como la negación a los capturados del acceso a sus defensores y a la familia, atención sanitaria a las enfermedades crónicas de los detenidos, constatación de ausencia de torturas y otros procedimientos ilegales.
Según ALAME Margarita Posada, se nombró con premura a una jueza interina incondicional al oficialismo, se orquestó la recusación arbitraria de un magistrado de la Cámara de lo Penal de la Segunda Instancia de la Segunda Sección del Centro en Cojutepeque, bajo la sospecha de que el mismo “es familiar de una funcionaria del FMLN”.
La detención y aislamiento arbitrarios superan no solo las 72 horas de Ley, sino también los 30 días que contempla el Estado de Excepción, ya que al momento siguen detenidos e incomunicados por más de 100 días.
Dicha organización pidió la liberación inmediata de los cinco líderes de la comunidad de Santa Marta, que se permita a los familiares y sus defensores el contacto con los detenidos, pues corren peligro su salud, libertad y vida.
Además, exigió respeto a la Ley de Prohibición de la Minería en El Salvador, ya que actualmente está vigente; asimismo, pidió a los capítulos de país de ALAMES, su solidaridad con El Salvador en su lucha contra la catástrofe social, ambiental y sanitaria que significaría la explotación minera, con una crisis hídrica en marcha, aún en ausencia de la minería.
La reactivación minera en El Salvador generaría una catástrofe no solo ambiental, sino también social y sanitaria, que amenaza con inviabilizar a todo el país, ya que afectará a 162 de los 262 municipios del país.
En forma inmediata los 29 proyectos mineros identificados para la zona norte del país, en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión, sería el escenario inicial, de la catástrofe ambiental, por ser la zona de captación hídrica de la cuenca del Río Lempa, el más grande del país, que genera más de un tercio de la demanda energética nacional y del cual depende más del 40% de la población.
Hacia este río que también abastece el 50% del consumo de agua de la capital, drenaría toda la contaminación de cianuro y metales pesados de los proyectos mineros. La cuenca del Lempa que se contaminaría con la actividad minera, concentra más del 50% del área cultivable y 45% de la producción agrícola de granos básicos como maíz, frijoles, sorgo y arroz.
Esto no solo encarecería la canasta básica alimentaria, también desencadenaría junto a la contaminación por cianuro y metales pesados, una catástrofe sanitaria, incluyendo entre trabajadores mineros y pobladores de la zona norte.
En el resto de la población generaría graves procesos de desnutrición, malformaciones en los recién nacidos, cáncer de la piel y órganos internos como estómago y pulmón, además de otras enfermedades pulmonares. Los metales pesados también generarán retardo físico y mental, falta de concentración e incapacidad de aprendizaje en niñas y niños.
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