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Santiago/AFP
Con la convicción de que Chile mantiene deudas pendientes en el camino hacia la verdad y la justicia, medicine stuff la presidenta Michelle Bachelet conmemoró el viernes el golpe de Estado que 42 años atrás «desgarró» el alma de Chile instaurando la dictadura de Augusto Pinochet.
Pese a las expectativas de los grupos de derechos humanos y sectores de la coalición gobernante, salve el discurso de Bachelet cerró sin hacer anuncios respecto a una cárcel especial para represores que despierta el rechazo de familiares de desaparecidos.
«Aún faltan seres queridos cuyo paradero debemos saber, aún falta verdad por conocer y justicia por aplicar», dijo la presidenta al encabezar un homenaje al presidente socialista Salvador Allende en La Moneda, la sede del gobierno que en 1973 fue bombardeada por las Fuerzas Armadas.
Bachelet, que recordó la tragedia «que desgarró el alma de Chile», llamó a «derribar los muros de silencio que nos impiden avanzar, aún hay privilegios que el Chile de hoy día no tolera, la conciencia de Chile nos exige superarlos».
«Me encargaré de que el cumplimiento de la justicia sea igual para todos, es un compromiso ineludible que asumo personalmente», agregó la mandataria, que vivió en carne propia la represión militar, en lo que podría ser un guiño a las voces que piden cerrar la cárcel especial.
«Tienen que entender que tienen la obligación de cerrarla», lanzó en las afueras de La Moneda, Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos.
Punta Peuco, ubicado a 50 kilómetros de Santiago, alberga a un centenar de exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por secuestro, tortura y asesinato de algunos de las más de 3.200 víctimas mortales que dejó la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Uno de los represores más reconocidos, que cumplía en Punta Peuco parte de una condena de más de 300 años, Marcelo Moren Brito, falleció este viernes a los 80 años.
Brito participó desde la policía política de Pinochet (la DINA) en emblemáticos crímenes y fue señalado como culpable de brutales torturas a opositores al régimen.
Cuentas pendientes
A 42 años del golpe que instauró una de las dictaduras más cruentas de América Latina, con más de 38.000 torturados y miles en el exilio, el país avanza entre constantes nuevas condenas a represores y voces que acusan a las Fuerzas Armadas de mantener vivos «pactos de silencio» que impiden progresar a numerosas causas judiciales en trámite.
La ola de críticas tomó nueva fuerza este año, tras el vuelco inesperado del caso de dos jóvenes quemados en 1986, crimen emblemático que provocó la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas y que se resolvió con la condena a más de una decena de represores gracias a la confesión de uno de los exconscriptos que denunció las maniobras de encubrimiento de las jerarquías militares.
La muerte a principios de agosto de Manuel Contreras, exjefe de la DINA, mientras cumplía parte de más de medio siglo de condenas y una sentencia que condenó en agosto a 11 exmilitares chilenos y tres exmilitares uruguayos por el secuestro y asesinato, en Uruguay, del químico de la policía secreta de Pinochet Eugenio Berríos, sumaron leña a la discusión sobre el pasado reciente.
Bajo los muros de La Moneda -que sobrevivieron a la embestida militar del 73- Bachelet aseguró que el país se encamina hacia «más verdad, más justicia y reparación», un futuro en el que tiene un papel fundamental la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, en trámite en el Congreso.
Más allá del camino por recorrer, Bachelet festejó que en su país, «por más estruendosas que sean las críticas, la democracia» permanece intacta.
Esa democracia vivió el jueves un intenso debate en la Cámara de Diputados, donde se aprobó un proyecto de ley que instaura un bono a torturados y viudas de víctimas, con un fuerte momento protagonizado por un diputado opositor según el cual «los verdaderos patriotas» están en Punta Peuco.
La mandataria -que enfrenta niveles de aprobación históricamente bajos, 22% según una encuesta difundida este viernes- aprovechó el discurso para recordar que Chile dará refugio a familias sirias que escapan de la guerra en su país.
«Los derechos humanos no tienen fronteras», dijo.
Con el homenaje a Allende -que se suicidó el 11 de setiembre de 1973, en medio del bombardeo a La Moneda- se abre una jornada que tendrá varios actos en recuerdo de las víctimas de la cruenta dictadura de Pinochet y que en la previa tuvo incidentes -que se repiten cada año- en la periferia de Santiago.
Homenaje del pueblo
Numerosas agrupaciones defensoras de los derechos humanos, de víctimas de la dictadura y familiares de detenidos desaparecidos recordaron hoy el sangriento 11 de septiembre en Chile.
Las organizaciones estuvieron acompañadas por figuras políticas de izquierda, entre ellas la diputada comunista Karol Cariola, al tiempo que la Central Unitaria de Trabajadores (Cut) y el Colegio de Profesores también destacaron la fecha.
El 11 de septiembre de 1973 militares comandados por el general Augusto Pinochet bombardearon el Palacio de La Moneda, donde el presidente constitucional Salvador Allende y sus colaboradores resistieron los ataques hasta la muerte.
Una ceremonia solemne efectuada este mediodía en la sede del Gobierno, estuvo signada por las emociones en el propio discurso de la mandataria, Michelle Bachelet, y los intercambios con familiares cercanos de Allende.
Asimismo, la participación de personas que fueron claves en la concesión de asilo y protección de los perseguidos por la dictadura pinochetista añadieron detalles al acto, en tanto en los alrededores de la instalación se efectuaban otros eventos.
Una performance para mostrar un retrato de la muerte y el duelo en que sumió a Chile la asonada golpista, se mezcló con gente que colgaba en sus pechos fotos de familiares desaparecidos por los cuales reclaman verdad y justicia.
Entre los actores apareció un Salvador Allende con el caso que usó en sus últimas horas en La Moneda, acompañando a Verónica Di Negri, madre del joven fotógrafo Rodrigo Rojas, incinerado por agentes de Pinochet en 1986.
La líder gremial de la Cut, Bárbara Figueroa, y el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, en sendos actos en esta capital, también rememoraron la fecha y sus consecuencias para el sindicalismo y los maestros.
En La Moneda, Bachelet remarcó que al conmemorar 42 años de una tragedia «que desgarró el alma de Chile», se comprende que un país de todos sólo se construye si es capaz de reconocer su propia historia y de tener un juicio moral compartido.
«Y ese juicio es uno solo: Âínunca más el poder de la muerte, sólo el de la vida!», enfatizó.
