Santiago / AFP
Paulina Abramovich
Los dos controladores del grupo económico Penta, uno de los más poderosos de Chile, fueron declarados culpables el miércoles de fraude tributario, en el final de un mediático caso de corrupción política que obligó a cambiar la legislación chilena.
En un juicio abreviado, después de un acuerdo con la Fiscalía, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dos de los empresarios más influyentes del país, fueron encontrados culpables de evasión de impuestos pero se libraron de una acusación de soborno y cohecho.
«Es una resolución justa y razonable», dijo a periodistas el abogado defensor de ambos Julián López, al final de un juicio abreviado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
En un acuerdo que generó reparos, el fiscal del caso, Manuel Guerra, accedió a recalificar los delitos por los que inicialmente perseguía a Lavín y Délano, de fraude tributario y soborno, por los cuales arriesgaban hasta 10 años de prisión, por supuestamente entregar dineros al exsubsecretario de Minería del anterior gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Wagner.
El fiscal Guerra argumentó que después de casi tres años de investigación no había logrado acreditarse la intención de sobornar a Wagner, quien recibió unos 42 millones de pesos (65.000 dólares) mientras ejercía el cargo.
Wagner, exempleado de Penta condenado también este miércoles por el delito de enriquecimiento ilícito, habría intentado favorecer desde su cargo la puesta en marcha de un proyecto minero que llevaba adelante una empresa vinculada con uno de los máximos ejecutivos de Penta.
«Conociendo y estudiando los antecedentes de la investigación, (el fiscal Guerra) llegó a la íntima convicción de que tenía que reformalizarla. Dentro de sus atribuciones legales, tomó una decisión a partir de la convicción a la que él arribó», comentó a periodistas, el fiscal Nacional Jorge abbott.
El grupo Penta es dueño de bancos, aseguradoras, clínicas y firmas inmobiliarias, con activos que bordean los 20.000 millones de dólares.
Máquina para defraudar
El llamado ‘Caso Penta’, que remeció por meses a la sociedad chilena, destapó una arraigada práctica ilegal de financiamiento de la política chilena, por medio del uso de facturas o boletas por servicios no prestados. De esta manera, las empresas lograban rebajar impuestos e influir sobre los legisladores.
Bajo esta modalidad, Penta financió por años al principal partido de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente, hoy parte de la coalición de gobierno de Sebastián Piñera. La fiscalía logró acreditar la emisión de más de 1.000 boletas y facturas falsas, parte de cuyos dineros fueron devueltos al Estado por Penta, que en el inicio del caso, en el año 2015, fue definido por el exfiscal Carlos Gajardo, como una «máquina para defraudar al fisco».
En ese mismo lapso, cuando comenzó a tambalear la imagen de probidad que ostentaba la política chilena, uno de los controladores de Penta se quejó de asedio mediático: «se nos presenta como si fuéramos una mafia, al Capone, o algo parecido», dijo Carlos Lavín.
El caso salpicó también a otras empresas, como la minera privada Soquimich (SQM).
Controlada en esa época por el controvertido empresario Julio Ponce Lerou, externo del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), SQM es indagada por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios tras el supuesto financiamiento ilegal de campañas políticas.
La investigación, que involucró a una decena de políticos, finalizó la semana pasada, y se aguarda ahora el juicio.
En la audiencia de este miércoles, el juez Daniel Aravena fijó para el próximo 9 de julio la audiencia de lectura de sentencia para Délano y Lavín, quienes arriesgan hasta cuatro años de pena remitida, por lo que no irán a prisión. Wagner podría obtener hasta dos años también de pena remitida.
Después de que estalló el caso, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet llevó adelante una ley para prohibir el financiamiento de las empresas a la política, norma que se estrenó en la última elección presidencial ganada por Piñera.