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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación Cristosal anunció varias acciones legales a escala nacional e internacional, para exigir transparencia en el uso de fondos en la compra de bitcoin por parte del Estado, así como para que este responda a los afectados por la empresa Chivo S.A de C.V. Dichas acciones abordan desde la reserva de información en la entrega de recursos públicos a través de fideicomisos, la adquisición de todo el montaje físico y virtual de la plataforma de la billetera digital promovida desde el Gobierno, hasta el fraude por hurto de identidad en Chivo Wallet.
La primera acción legal es una de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), ya que estas permiten la reserva de toda la información relativa a las operaciones de los fideicomisos que BANDESAL administre, como FIDEBITCOIN, constituido con $150 millones, y FIREMPRESA, con $600 millones.
Para Cristosal, la falta de transparencia deja a la ciudadanía sin conocer a los beneficiados, las cantidades o las razones de los otorgamientos de fondos. En el caso de FIDEBITCOIN, además, entregó fondos públicos a cuentas fraudulentas que implicaron que miles de personas resultaran víctimas de hurto de identidad bajo el total silencio del Estado salvadoreño, y sin que existan mecanismos de protección para la ciudadanía.
De hecho, fueron centenares de personas que denunciaron la suplantación de identidad a través de la app Chivo Wallet, sobre esto, el Estado guardó silencio total.
La demanda de inconstitucionalidad expone la vulneración del artículo 6 de la Constitución, al imponerse una declaratoria de reserva absoluta sobre información pública, afectando el núcleo esencial del derecho de acceso a la información pública. Así como la violación del artículo 144 por el incumplimiento de tratados internacionales de los que El Salvador es parte, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La segunda acción es ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que informe el estado de la denuncia interpuesta y admitida hace un año y derivada a su Coordinación de Dirección de Auditoría, sobre la continuidad de las diligencias de la investigación del uso de recursos en la construcción de cabinas, adquisición de cajeros, instalación de plataforma y aplicación para la convertibilidad y manejo del bitcoin.
Además, Cristosal señaló a la CCR que la semana pasada el precio del bitcoin cayó nuevamente, esta vez en un 21%. En ese contexto, la organización recordó que el periódico español El País publicó que se estima que El Salvador ha perdido por la compra del criptoactivo 70 millones de dólares de los $107 millones utilizados de sus finanzas públicas.
El escrito a la CCR refiere que la compra irregular de bitcoin, al no estar regulado el procedimiento de compra y venta de los criptoactivos deja el uso de millones de dólares provenientes de los impuestos de los salvadoreños sin control y bajo el exclusivo arbitrio de quien maneje la cuenta de criptomonedas, sin que tenga facultades legales ni constitucionales.
Este miércoles, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que se estará comprando un Bitcoin “todos los días” a partir de este jueves. “cuanto de esto realmente sirve a la población salvadoreña”, cuestionó Ruth Eleonora López, de Cristosal.
“Aproximadamente se han gastado más de $107 millones en la compra de bitcoin y, según hemos conocido por el anuncio del presidente, se seguirán comprando. Eso significa que el dinero de los salvadoreños se está yendo por un inodoro”, agregó López.
Mientras que la tercera acción es elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicie un caso contra el Estado salvadoreño por no proteger a los ciudadanos frente a una empresa que ha vulnerado la vida privada y autodeterminación informativa de conformidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto ya que ha transcurrido un año sin respuesta al amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional contra la empresa Chivo S.A de C.V por 228 víctimas.
“El silencio de la Sala de lo Constitucional vulnera además el derecho al acceso a justicia y a un recurso eficaz, y evidencia la falta de un juez independiente e imparcial, dada la cooptación del Órgano Judicial por el Órgano Ejecutivo”, concluyó Cristosal
