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Alberto Romero de Urbiztondo
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@aromero0568
El sábado 3 de noviembre vimos una marcha en la que organizaciones religiosas pedían al Estado que no garantizara la educación sexual a niñez y juventud. Con carteles rosados y azulito, simbolizando los colores con los que piensan deben vestir a niñas y niños para que no se confundan, se manifestaban negando a sus propios hijos e hijas el derecho a que el Estado les garantice una educación sexual y afectiva de calidad. Piden que solo padres y madres eduquen a la niñez en este tema. Parecen pensar que, como padres y madres tienen relaciones sexuales, ya son expertos en sexualidad, aunque la mayoría tampoco ha recibido una formación específica en este tema y por supuesto tampoco son expertos en pedagogía. Las consecuencias de esta postura ya las conocemos: menores que conocen la sexualidad a través de las telenovelas, el internet y la pornografía.
Entre 2013 y 2017 la PNC registró 11,886 casos de abuso sexual de menores y adolescentes. En el 75% de casos sufridos en el entorno familiar. La falta de una educación sexual y afectiva, científica, laica e inclusiva los hizo más vulnerables frente al abuso.
Una dramática consecuencia de esta ausencia del Estado para garantizar los derechos de la niñez es el caso de Imelda, una joven que hoy 12 de noviembre será juzgada. Imelda vivía en extrema pobreza, fue abusada por su padrastro desde los 12 años, amenazándola con dañar a su mamá y hermanos si decía algo, quedó embarazada, tuvo un parto extrahospitalario precipitado, se desmayó pero su hija logró sobrevivir. Es acusada de tentativa de homicidio agravado. Le piden 20 años de condena.
El mismo sistema patriarcal que considera que las mujeres y niñas del grupo familiar son su propiedad, no quiere que reciban educación sexual y no les garantiza protección a lo largo de 6 años de abuso, ahora pretende condenarla. No nos dejemos manipular por las y los defensores de un sistema patriarcal, que dicen defender a niñez y familia, pero que están defendiendo sus privilegios, haciendo más vulnerables a niñas y adolescentes y justificando y protegiendo a los abusadores.
