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“La turbulencia de los demagogos
derriba los gobiernos democráticos” (Aristóteles)
Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Vivir bajo la turbulencia política es lo que nos ha pasado desde que inició el actual periodo de gobierno en 2019.
Un atropello tras otro, hasta que el último haga olvidar los anteriores, esa parece ser la lógica de los que impulsan el plan desconocido para llevar el país a consolidar un régimen autoritario.
El más parecido a la dictadura militar que el pueblo derrotó para abrir el paréntesis democrático que tuvimos desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, hasta las elecciones presidenciales de 2019.
Golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa, incumplimiento de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, bloqueo de recursos a las alcaldías, impago de la deuda política a los partidos, amenazas, chantajes y distorsión de la misión constitucional de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil caracterizó los primeros tiempos.
Esos golpes continuados le rindió frutos en las elecciones del 2021 al presidente, que logró apoyo popular para sus diputados y para sus alcaldes, sumado a una propaganda electoral para diputados y gobiernos locales, bajo la idea de dar más poder al presidente de la N.
Así llegó el 1 de mayo de 2021, que formalmente inició el desmontaje institucional diseñado en la Constitución de la República para sustituir, en el Órgano Judicial, la Fiscalía y otras entidades del Estado.
Se amenazó con un cambio a la Constitución, que es de esperar aún, que pueda ocurrir al final de la actual legislatura.
La Carta Magna que rige, sin ser cumplida por los funcionarios obligados a hacerlo, manda a que se diseñe en el sistema electoral para la Asamblea Legislativa, un modelo de representación proporcional, algo que se vino sosteniendo desde la Constitución promulgada en 1962, retomada en la de 1983, y reforzada con las reformas de 1991, producto, estas últimas, de los acuerdos entre el FMLN y el gobierno de esa época.
En este paréntesis de lucha por la democracia, tuvo empuje el municipalismo, se le dio sentido a la autonomía establecida en la Carta Magna, asegurando la descentralización de recursos para que sus gobiernos con sus habitantes decidan en qué invertir con base a las necesidades.
El FMLN fue defensor de este principio de gobiernos del pueblo, electos por el pueblo y para beneficio del pueblo, por eso fue impulsor de asignar fondos, de los tributos recaudados por el Ejecutivo, para ponerlos en manos de los gobiernos locales y sus habitantes.
Eso se golpeó con la llegada del actual presidente, se les negó a los gobiernos esos recursos para buscar un resultado electoral adverso.
Sin duda, los gobiernos locales oficialistas han sido un fracaso, obedientes, sometidos, sin reclamar sus derechos, esperando que una entidad como la DOM (Dirección de Obras Municipales) llegue un día con maquinas a romper calles, para maquillarlas con asfalto.
Eso aumentó el descontento de la ciudadanía a niveles mayores a los que provocó el bloqueo de fondos, cuando eran gobernados por otros partidos.
El gobierno veía venir el fracaso electoral en la elección de gobiernos locales, eso y su vocación de control total, le lleva a imponer a sus diputados obedientes la reducción de municipios a la mínima expresión.
De 262 a 44. En un diseño en el que busca ocultar fracasos grandes, como el de Soyapango, Mejicanos y tantos otros. Muchos de los cuales sus propios funcionarios comprendieron que nada pueden hacer, que no vale la pena.
El pulso vendrá después que se apruebe la ley, la ciudadanía puede entender que ese no es camino que beneficie, puede entender que quien lo impone no merece su apoyo.
La democracia, dicen algunos, no es la conquista de un día para quedarse a contemplarla, es lucha permanente.
La demagogia que envuelve la reducción de municipios hay que ponerla al descubierto, no es ahorro, no es conveniencia para la gente, ni seguridad de los empleados y servidores que limpian las calles, recogen la basura, limpian los cementerios y realizan todas las labores.
Ya se ve en los despidos adelantados de centenares de trabajadores en Soyapango.
En los momentos más oscuros es cuando más se necesita luchar. Hay que disponerse a sacar fuerza y demostrar en marzo del próximo año, que la anulación de la autonomía se puede recuperar, y eso requiere gobiernos locales distintos al oficialismo, y requiere diputados lo más alejados del oficialismo.
Nunca dar por hecho que los malévolos propósitos del autoritarismo son un hecho. Luchar por el cambio es un derecho y un deber que debemos asumir.
