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CONABÚSQUEDA nació el 21 de agosto de 2017 como una iniciativa del Presidente Salvador Sánchez Cerén, a partir del Decreto Ejecutivo No 33, con la misión de determinar el paradero y la situación de las víctimas adultas desaparecidas forzadamente en el contexto del conflicto armado y propiciar el reencuentro con sus familias o la restitución de los restos en el caso que corresponde.
Esta institución será presidida por tres comisionados ad honorem, nombrados por el Presidente por un periodo de cinco años, siendo ellos el sacerdote Manuel de Jesús Acosta Bonilla, en calidad de presidente; Leonor Yesenia Arteaga Rubio y Salvador Eduardo Menéndez Leal, quienes contarán con un equipo técnico multidisciplinario para la búsqueda de los desaparecidos, trabajarán con fondos gubernamentales y estarán adscritos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería de la República.
“Investigadores, psicólogos y trabajadores sociales conforman el equipo inicial de CONABÚSQUEDA, pero el trabajo necesitará de convenios y apoyos interinstitucionales con ONG, embajadas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Órgano Judicial y Fiscalía General de la República”, aseguró el padre Acosta.
La CONABÚSQUEDA es fruto de la inclaudicable y larga lucha de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y del infatigable trabajo que las distintas organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, con el acompañamiento internacional, han desarrollado para determinar el paradero de miles de víctimas de este grave crimen.
Por otra parte, los comisionados aseguraron que CONABÚSQUEDA asumirá un carácter no judicial y cumplirá con su mandato de manera independiente, imparcial y apolítica, adecuándose a estándares internacionales en la materia.
Desempeñará sus funciones a nivel nacional e internacional y lo hará de manera oficiosa, por recepción de denuncias o por aviso.
Sin embargo, el comisionado presidente aclaró que la comisión tiene un espíritu humanitario y no busca judicializar ni acusar a los responsables de casos de desaparecimiento forzado, pero “eso no quiere decir que las víctimas no tengan el derecho de buscar justicia. Somos una entidad que responde a la petición de las víctimas de verdad, que nos digan dónde están los desaparecidos, aunque esto no quiere decir que las víctimas no tengan el derecho de poner un requerimiento en las entidades pertinentes del Gobierno después de conocer la verdad”.
