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Buenos Aires/AFP
La justicia argentina concedió este miércoles prisión domiciliaria a la líder social y dirigente opositora Milagro Sala, presa desde enero de 2016, informó un abogado del comité por su liberación, cuestionando el lugar al que será trasladada, que no es su casa.
El juez Gastón Mercau dictó la prisión domiciliaria en un inmueble de la organización social Tupac Amarú que lideró Sala en Jujuy, norte de Argentina.
«Es un lugar que no permite la habitabilidad, que fue saqueado», dijo a la AFP Eduardo Tavani, querellante en causas de lesa humanidad e integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala.
Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de Milagro Sala, expresó por Twitter su malestar: la justicia del gobernador de Jujuy Gerardo Morales «dispuso la domiciliaria de Milagro en una casa que no habitaba, que no tiene luz, agua, ni sanitarios. Persecución».
Otro aspecto cuestionado por la defensa de Sala es que estará custodiada por Gendarmería Nacional, policía de frontera de caracter federal en Argentina y que el gobierno suele usar como apoyo en cuestiones de seguridad.
«Es una aberración que vamos a apelar», advirtió Tavani. «Si hacemos un comparativo, los genocidas (de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura entre 1976-83) que terminan gozando de una domiciliaria se vuelven a sus casas», agregó el letrado.
«Esto es inédito y más inédito es que hayan impuesto como custodia a la Gendarmería Nacional, una fuerza federal que no tiene esa competencia que violenta las normas», indicó Tavani.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado argentino en un plazo que venció la semana pasada «medidas alternativas a la detención preventiva» para que Sala pueda enfrentar los procesos en libertad y sugirió que se concediera la prisión domiciliaria.
Sala, de 53 años y líder de un movimiento social indigenista argentino, opositora al gobierno del presidente Mauricio Macri y al gobernador de Jujuy que es de la misma alianza oficialista, enfrenta cargos por amenazas y por presunta malversación de fondos públicos a través de cooperativas de la organización Tupac Amaru en la provincia.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria consideró su detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y llamó a su liberación inmediata desde 2016 al igual que una decena de organismos defensores de derechos humanos internacionales.
