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@arpassv
El informe presentado por la SIGET a la Sala Constitucional sobre las frecuencias disponibles y los concesionarios del espectro radioeléctrico, and confirma lo que ARPAS y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) han señalado: la existencia de altos niveles de concentración mediática en el país.
Y esta concentración de la propiedad mediática se expresa en dos sentidos:
En primer lugar, sovaldi la concentración está en el sector privado-comercial que domina sobre los sectores público y comunitario. El informe de SIGET detalla que este sector dominante acapara el 95% de las frecuencias radiales en AM, el 94% de espacios en FM y 94% de canales de televisión abierta.
Y, en segundo lugar, en el sector privado-comercial no existe diversidad de operadores, sino que grupos empresariales controlan la mayoría de frecuencias y canales. Telecorporación Salvadoreña (TCS) acapara 4 canales de televisión (2, 4, 6 y 35) y posee otros seis que no está utilizando (41, 43, 45, 47, 49 y 51), y la mayoría de frecuencias radiales están en manos del oligopolio formado por Grupo Samix, Corporación FM, Corporación KL y Grupo Radio Stereo.
En contraste, el Estado tiene únicamente un canal de televisión y dos frecuencias de radio en FM. La SIGET también explica en su informe que las radios comunitarias sólo tienen una frecuencia, que está fragmentada para que pueda funcionar una veintena de emisoras.
Constar esta concentración mediática es posible con el informe de SIGET, a pesar del gran listado de nombres y “prestanombres” que utilizan en el cuadro de concesiones TCS, Samix y demás emporios mediáticos atrincherados en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER).
El informe de SIGET aporta elementos importantes para la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones que pronto emitirá la Sala y desmiente los datos falsos que difunde ASDER. La gremial de medios privados dice en su falaz campaña publicitaria que el 34% de las frecuencias están manos de organizaciones sociales y que, por tanto, “el espectro radioeléctrico ya está democratizado”.
El informe de SIGET fue solicitado por la Sala Constitucional en el marco del estudio de las demandas que impugnan la subasta como único mecanismo para asignar frecuencias, el carácter de bien privado y la eternización de las concesiones, el no reconocimiento legal de los medios comunitarios y públicos, la falta de límites anti-monopólicos que contrarresten las concentración mediática y el uso ineficiente del espectro radioeléctrico.
