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Madrid / Prensa Latina
Tras cuatro meses de audiencias, el juicio a 12 dirigentes separatistas de Cataluña por su papel en el intento de secesión de esa región española en 2017 quedó el miércoles visto para sentencia en el Tribunal Supremo (TS).
Los abogados de los líderes políticos y sociales catalanes rechazaron ante el alto tribunal que sus defendidos cometieran un delito de rebelión durante la fallida tentativa de ruptura con este país europeo, protagonizada en el otoño de 2017.
En sus alegatos finales, las defensas calificaron de absurdo el cargo de rebelión imputado a nueve de los dirigentes sentados en el banquillo del TS desde el pasado 12 de febrero, cuando comenzó esta histórica causa.
Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien se enfrenta a 25 años de prisión por rebelión y malversación, reconoció que como mucho en Cataluña hubo desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel.
El letrado aseguró que en la próspera región nororiental no hubo la violencia que exige la rebelión, como sostiene la Fiscalía, ni el alzamiento tumultuario que requiere la sedición, según la acusación de la Abogacía del Estado.
Además, aseveró que tampoco se consumó independencia alguna, en alusión a la efímera declaración unilateral de secesión, proclamada el 27 de octubre de 2017 tras el referendo soberanista del 1 de ese mismo mes, prohibido de antemano por la justicia.
Van den Eynde consideró una falacia la supuesta violencia ejercida por los ciudadanos en la jornada de la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).
Criticó la actuación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas, cuando el 1 de octubre, por orden judicial, acudieron a numerosos colegios catalanes a impedir la votación, suspendida por el TC.
Entonces, las fuerzas de seguridad golpearon con porras y propinaron empujones a manifestantes, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo.
También hubo enfrentamientos de los independentistas con las fuerzas del orden, pero muy puntuales, según el letrado.
‘La única violencia de la que se habla es la que se cuenta con los dedos de la mano’, con ‘tres casos de actuaciones reactivas a una situación tensional concreta de un colegio determinado, efectuado por una persona aislada’, apuntó.
‘Indignación, la que quieran. Violencia, cero’, enfatizó el abogado después de aseverar que los ciudadanos no salieron a la calle a derrocar al Estado. ‘La gente salió un día a protestar y otro a votar. Esto no es alzamiento’, manifestó.
Argumentó que de haber existido rebelión, el Estado, conforme a sus competencias, tendría que haber declarado el estado de sitio, lo cual no ocurrió.
De hecho, Van den Eynde reivindicó el ‘desacuerdo monumental’ entre la Fiscalía y la Abogacía para calificar los hechos, lo que demuestra, en su opinión, que no todo está tan claro.
El Ministerio Público calificó la tentativa de independencia de ‘golpe de Estado’, y sostuvo que ‘hubo violencia’ contra la fuerza pública y un clima ‘insurreccional’ en el proceso, marcado por el referéndum y la proclamación unilateral de secesión.
La noción de alzamiento violento es clave, pues sustenta el cargo de rebelión, que la Fiscalía imputa a nueve de los 12 procesados y por el que pide elevadas penas.
Pero el argumento es controvertido, pues los líderes separatistas y sus simpatizantes nunca emplearon armas y fueron habituales los llamamientos a la lucha pacífica.
En sus alegatos finales, los acusados lamentaron el miércoles que la justicia se vea abocada a solventar un ‘problema político’ y reivindicaron el diálogo como única salida a la enquistada crisis catalana.
‘Lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debía de haber salido’, aseveró Junqueras, principal acusado de un juicio cuyo veredicto podría demorar varios meses.
