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Por Jennie MatthewKarim Lebhour
Washington/AFP
Donald Trump enfrentaba este lunes masivas protestas tras su controvertido decreto para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.
La medida recibió críticas de aliados, generó confusión sobre su implementación y galvanizó a la oposición demócrata, que busca formas de derrotarlo. También provocó inquietud dentro del Partido Republicano.
Cuatro jueces federales emitieron fallos para detener las deportaciones, en tanto unas 300 personas fueron detenidas o se vieron impedidas de viajar en el mundo.
Mientras, abogados de organizaciones defensoras de los derechos civiles advertían que la batalla legal podía llegar a la Suprema Corte de Justicia.
En Reino Unido, un manifiesto reclamando al gobierno que anule la visita de Estado del presidente estadounidense superó este lunes el millón de firmas, pero el Ejecutivo respondió que mantiene la cita.
La Unión Europea dijo de su lado que se asegurará de que sus ciudadanos no sean víctimas de las medidas del gobierno de Trump, mientras el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, tildó el veto de Trump de «mezquino» e ilegal.
«La discriminación por el único motivo de la nacionalidad está prohibida por la ley de derechos humanos», afirmó Zied en un tuit, considerando que «el veto estadounidense es también mezquino y malgasta recursos necesarios para luchar debidamente contra el terrorismo», dijo Al Hussein..
La Unión Africana de su lado, reunida en Adis Abeba, dijo que «estamos entrando en tiempos turbulentos».
Apoyo a inmigrantes refugiados
Miles de ruidosos manifestantes protestaron el domingo en los principales aeropuertos del país por segundo día consecutivo en apoyo a los inmigrantes y refugiados.
«Solo espero que podamos superar este período difícil manteniendo nuestros valores como país», dijo Saif Rahman, un ciudadano estadounidense de 38 años nacido en Irak, quien debió atravesar controles adicionales tras llegar al aeropuerto de Dulles en Washington.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso de refugiados durante 120 días, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Al menos 109 personas fueron detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. No estaba claro cuántos de ellos permanecía retenidos el domingo.
Asesores de Trump minimizaron la cifra a «un par de docenas».
Canadá ofrecerá residencia temporal a las personas que quedaron varadas en el país debido a la reciente prohibición migratoria del presidente de Estados Unidos Donald Trump para personas provenientes de siete países musulmanes, dijo el domingo el ministro de Inmigración, Ahmed Hussen.
El funcionario, que habló en conferencia de prensa, no dijo cuántas personas quedaron varadas en Canadá después de que Trump suspendió el viernes el ingreso de refugiados a Estados Unidos durante 120 días, así como la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes por 90 días.
Bajo fuego en todos los frentes, Trump emitió una nota oficial en la que niega que el decreto sea contra los musulmanes y fustiga a la prensa.
«Para ser claro, no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente», expresó Trump. «Esto no tiene nada que ver con la religión, se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro país».
Pero la decisión de Trump ha provocado la mayor conmoción desde su investidura, hace diez días.
El presidente recurrió luego a Twitter para fustigar a los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham, quienes criticaron el decreto. Dijo que estaban «equivocados», que eran «débiles» en materia de inmigración y que «buscaban desatar la Tercera Guerra Mundial».
Las detenciones en los aeropuertos estadounidenses dejaron a familias divididas: un padre no pudo asistir al casamiento de su hijo, una abuela no pudo reunirse con sus nietos.
Irán, que calificó la medida de «regalo para los extremistas», es hasta ahora uno de los países más afectados por la cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. En respuesta, Teherán instauró medidas similares contra los estadounidenses.
Protestas
«¡Los refugiados son bienvenidos!» vociferaron el domingo unas 10.000 personas en un parque neoyorquino con vista a la Estatua de la Libertad, símbolo de la llegada de inmigrantes al país desde 1886.
Miles protestaron frente a la Casa Blanca.
«Tomar una porción entera del mundo y decirle que no son bienvenidos, que son nuestros enemigos, invita a la violencia. No somos así en Estados Unidos», dijo Tal Zlotnitsky, quien tiene doble nacionalidad israelo-estadounidense.
Las protestas se sucedieron en la terminal Dulles de Washington y en aeropuertos de Los Ángeles, Orlando y Sacramento. Centenares manifestaron en Boston, mientras se organizaban marchas en Atlanta, Denver, Kansas City y Seattle.
Mientras Trump evocaba los atentados del 11 de septiembre de 2001 para explicar las restricciones, ninguno de los países de los que eran oriundos los atacantes -Egipto, Líbano. Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos- fue incluido en el decreto. Todos esos países son aliados de Washington.
La incertidumbre reinaba sobre la implementación del decreto. Algunos poseedores de la tarjeta verde de residencia permanente en Estados Unidos afirmaron que se les impidió viajar o que fueron devueltos.
Pero el gobierno de Trump aclaró oficialmente el domingo que los residentes permanentes estaban exceptuados de la prohibición, que afecta a quienes tiene doble nacionalidad.
Justicia
Los fiscales generales de 16 estados de la Unión, todos demócratas, tacharon el domingo de «inconstitucional» al decreto y prometieron recurrir a «todas las herramientas» a su alcance «para luchar contra esta orden inconstitucional, preservar la seguridad nacional y los valores fundamentales de nuestra nación».
En última instancia, los tribunales derribarán el decreto, señalaron.
Será en efecto la justicia la que decida la suerte del decreto. «Esto acabará probablemente ante el la Corte Suprema», dijo Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Hablar de «‘investigaciones extremas’ es solamente un eufemismo para discriminar a los musulmanes», estimó Anthony Romero y que el decreto de Trump viola la prohibición constitucional a la discriminación religiosa al elegir países con mayorías musulmanas para un tratamiento más estricto.
El gobierno tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días, el decreto afirma que dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
Trump no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. «Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!», tuiteó.
Reacción mundial
El ministerio iraquí de Relaciones Exteriores pidió el lunes a Estados Unidos que revise su decisión de suspender la entrada de ciudadanos iraquíes a territorio estadounidense, calificándola de «errónea».
El parlamento iraquí aprobó este lunes una resolución pidiéndole al gobierno que adopte medidas de reciprocidad con respecto al decreto antiinmigración firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La canciller alemana Angela Merkel denunció el lunes el carácter antimusulmán del decreto antiimigración del presidente estadounidense Donald Trump que concierne siete países mayoritariamente musulmanes.
«La lucha necesaria contra el terrorismo no justifica de ninguna manera generalizar la sospecha contra las personas en función de su creencia, en este caso las personas de fe musulmana, o en función de su origen», dijo Merkel en declaraciones a la prensa.
La Comisión Europea afirmó este lunes que se asegurará de que los ciudadanos europeos no sean víctimas de las medidas antiinmigrantes aprobadas por Trump.
«Nuestros abogados están en contacto con nuestros socios de la UE y otros, y por supuesto nos aseguraremos de que no se les inflija ningún tipo de discriminación a nuestros ciudadanos», aseguró en rueda de prensa el portavoz del ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró esperanzado en que estas medidas sean «temporales» ya que «la necesidad de proteger a los refugiados nunca ha sido tan grande como ahora», dijo su portavoz Stéphane Dujarric.
Reino Unido contra Trump
Cientos de miles de personas firmaron hoy una petición en una página web del Gobierno británico para que se cancele la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, al Reino Unido.
La petición, cuyo título es «Impedir que Donald Trump haga una visita de Estado al Reino Unido», ya había recibido más de 596.000 adhesiones. Las peticiones que logran juntar más de 100.000 firmas deben ser puestas a debate en el Parlamento.
«La misoginia y vulgaridad de Donald Trump lo descalifican para ser recibido por Su Majestad la Reina o el Príncipe de Gales», dice el documento.
El presidente estadounidense fue duramente criticado en el Reino Unido por su decreto para impedir el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana al país.
El líder de la oposición Jeremy Corbyn escribió en Twitter que May «estaría fallándole al pueblo británico si no pospone la visita de Estado y no condena las acciones de Trump en claros términos».
Corbyn, representante del Partido Laborista, había tuiteado antes que Trump no debería ser bienvenido en ReinoUnido mientras siga atentando contra los «valores compartidos» mediante su política contra las personas provenientes de países musulmanes y sus ataques contra «los refugiados y las mujeres».
Trump se defiende
El presidente Donald Trump negó este lunes que su política de rechazo a refugiados musulmanes haya sido la causa del caos en los aeropuertos de Estados Unidos en el fin de semana, y responsabilizó a manifestantes por lo ocurrido.
El decreto firmado por Trump el viernes, y que en la práctica veta temporalmente la llegada de refugiados de siete países de mayoría musulmana, desató una intensa ola de protestas en diversos aeropuertos, ademas de la condena internacional.
«Los problemas en los aeropuertos fueron provocados por un problema en las computadoras de (la aerolínea) Delta, manifestantes y las lágrimas del senador (Chuck) Schumer», expresó Trump este lunes en la red social Twitter.
Schumer, líder del Partido Demócrata en la cámara alta del Congreso, hizo el sábado un dramático llamado a anular el decreto de Trump, durante el que no logró contener el llanto delante de las cámaras.
Trump minimizó el hecho de que 109 personas fueran detenidas o deportadas el fin de semana (de un total de 325.000 personas que desembarcaron), alegando que el secretario de Seguridad Interna, el general John Kelly, le dijo que «todo está bien».
«El secretario Kelly dijo que todo está bien y con muy pocos problemas. ¡Hagamos que ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO DE NUEVO!», escribió el presidente en Twitter.
El decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de nuevos refugiados; ese plazo es indefinido para refugiados provenientes de Siria y de 90 días para refugiados de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
En otro mensaje en Twitter, Trump añadió que la implementación de chequeos más rígidos antes de permitir la entrada de refugiados «fue parte importante de mi campaña. ¡Estudien el mundo!».
«¡Hay muchos tipos malos por todos lados!», amenazó.
Sin embargo, el gobierno fue forzado el domingo a retroceder un paso: el propio secretario Kelly emitió una nueva orientación explicando que el veto no se aplica a personas que ya poseen el permiso de residencia permanente en el país (‘green card’).
Trump firmó su polémico decreto apenas una semana después de su investidura. Durante la campaña llegó a sugerir un veto al ingreso de musulmanes al país, y en su propia investidura aseguró que el país no permitiría la llegada de «terroristas islámicos radicales».
Sin embargo, el sábado cuatro jueces federales determinaron la suspensión inmediata de la deportación de personas que, por fuerza del decreto, se encontraban varadas en aeropuertos de todo el país e impedidas de ingresar.
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