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Ginebra/AFP
El exjefe de la policía guatemalteca Erwin Sperisen fue condenado este viernes a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006, en el tercer juicio sobre un caso de 10 ejecuciones extrajudiciales en Guatemala, informó la Corte de Apelaciones de Ginebra.
Sperisen fue absuelto de la muerte de otros tres presos que se fugaron de la prisión de El Infiernito en 2005, indicó la presidenta de la Cámara Penal de Apelación y Revisión del Cantón de Ginebra Alessandra Cambi Favre-Bulle.
Sperisen, de nacionalidad guatemalteca y suiza, había sido condenado a dos cadenas perpetuas en Ginebra: en 2014 y 2015 por diez asesinatos, siete de ellos cometidos en 2006 durante una operación para retomar el control de la prisión de Pavón y tres entre un grupo de fugados de la cárcel del Infiernito, en 2005.
El tribunal federal, la máxima instancia judicial suiza, consideró que el proceso en contra de Sperisen debía ser revisado porque algunos testigos interrogados por escrito para el primer juicio en 2014 no fueron convocados para confrontarlos con el acusado en el segundo, celebrado en 2015.
Tras las audiencias, la fiscalía suiza pidió cadena perpetua para Sperisen.
Sus abogados, Giorgio Campa y Florian Baier, pidieron la absolución Sperisen aunque expresaron en los alegatos finales que se darían por satisfechos con una pena máxima de siete años y medio de prisión.
Sperisen, casado y padre de tres hijos, ya cumplió cinco años de detención preventiva, y se encuentra en libertad condicional en Ginebra, donde se instaló en 2007, en la casa de su padre, el embajador de Guatemala en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Tras el fallo de este viernes, el Tribunal se retiró a deliberar sobre las condiciones de libertad condicional.
Debido a su doble nacionalidad -su abuelo paterno era un ciudadano suizo que emigró al país centroamericano—, Sperisen no puede ser extraditado a Guatemala, país que lo requiere por las acusaciones de haber asesinado directa o indirectamente a esos reclusos en 2005 y 2006.
Sin embargo, la ley suiza permite juzgar a cualquiera de sus ciudadanos por crímenes cometidos en otro país.
