Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Telesur
Jueces adscritos al Tribunal de Sentencia de la Jurisdicción Nacional de Honduras, profirieron este lunes una sentencia de 34 años de prisión a cuatro de los individuos encontrados culpables del asesinato perpetrado contra la dirigente ambientalista, Berta Cáceres en 2016.
Los condenados corresponden a los nombres de Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández, recibieron una sentencia de 34 años por el homicidio de Cáceres y 16 más por tentativa de asesinato contra un ciudadanos de origen mexicano.
Por su parte, los ciudadanos Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez y Mariano Díaz Chávez también vinculados en el asesinato de la activista ambiental, fueron sentenciados a 30 años de prisión.
Entre los condenados está un exempleado de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), un exmilitar y mayor general del Ejército hondureño, quienes fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el marco de la operación denominada “Jaguar”, creada especialmente para encontrar a los asesinos de Berta Cáceres.
Por su parte la hija de la activista, Berta Zuñiga Cáceres, recordó que se cumplen 45 meses del vil asesinato de su madre y que pese a la condena aún no hay justicia, “hay condenas, pero no justicia. Los autores intelectuales del asesinato siguen gozando de impunidad, a pesar de que se ha comprabado que la Empresa de Desarrollos Energéticos fue la encargada y responsable de asesinar a Bertha Cáceres”, agregó.
Cáceres cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada el pasado tres de marzo de 2016, su cadaver se encontró en una vivienda situada en el municipio La Esperanza, departamento de Intibucá (occidente). Debido a su trabajo en defensa de los derechos ambientales e indígenas, recibió varias amenazas contra su vida, por lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgarle medidas cautelares de protección, sin embargo no fueron suficientes para proteger la vida de la activista.
Antes de su asesinato, Cáceres denunció el pasado 25 de febrero ante las autoridades competentes el desalojo de 50 familias de sus viviendas en los municipios de La Jarcia y Guisé, situados en el departamento de Intibucá y los homicidios de cuatro compañeros del Copinh.
